El Gobierno porteño fue denunciado penalmente por el uso de datos biométricos sin “justificación racional” por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por la supuesta “violación de secretos”.
Además, el Ministerio Público Fiscal resolvió iniciar “un sumario administrativo” para las autoridades del Registro Nacional de las Personas (Renaper) por la información brindada al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Capital.
La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el 20 de abril pasado resolvió, en un expediente de 31 páginas, realizar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157″ del Código Penal.
En este artículo se prevén penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”. La causa fue sorteada un día después y el Juzgado Federal y Correccional N° 3, a cargo del Daniel Rafecas, será el que investigue los hechos.
Para fundamentar su denuncia, el fiscal Rodríguez argumentó que hubo supuestas “accesos/consultas” a la base de datos de Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco de un convenio que “parecerían no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificarlos de ilegales”.
En 2019, se incorporó en la Ciudad el SRFP que debía constatar con la base de datos de Conarc, pero “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”, advirtió el fiscal.
A partir del análisis de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”.
En el documento presentado, Rodríguez sostiene que “tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.
De acuerdo a los datos que obtuvo el fiscal, hasta 2020 el Conarc tenía 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.
¿Sobre quién se consultaron datos?
Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.
El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).
Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del Pro en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.