Luego de semanas de trabajo para crear un protocolo para barrios populares, a partir de un amparo iniciado a mediados de mayo, el juez a cargo fue recusado por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El GCBA argumentó supuesta imparcialidad, a partir de un fallo judicial del día lunes en el que se le ordenaba solucionar el problema de un menor de edad a la deriva ante el contagio de COVID-19 de su madre.
El amparo surgió hace unas semanas, pidiendo la intervención judicial ante la situación socio-sanitaria crítica que atraviesan las Comunas 4 y 8, impulsado por sus presidentes de las juntas comunales, Ignacio Álvarez y Miguel Eviner. Días después, el juez Darío Reynoso, ordenó que se extienda el amparo a todos los barrios populares de la CABA y que el GCBA presente un protocolo específico para atender la situación.
Producto de este proceso se conforma una Mesa de Trabajo integrada por el GCBA (Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerio de Ambiente y Espacio Público) y representantes de distintas demandas (entre las que se encuentran organizaciones sociales, los comuneros mencionados, el CELS, ACIJ, y Ofelia Fernández vicepresidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura).
La legisladora Ofelia Fernández sostuvo que “hoy estábamos a un paso de avanzar en un protocolo, que aún con imperfecciones, mejoraba la situación actual. El GCBA recusa al juez y frenan el avance de la Mesa de trabajo. Se había logrado crear una instancia que poco a poco permitía discutir entre distintos actores y presionar al Gobierno de la Ciudad a que cumple su deber: garantizar los derechos de quienes peor la están pasando con esta crisis”.
“Dimos marcha atrás, estamos más lejos que ayer. 82 días de cuarentena y todavía estamos esperando que el Gobierno nos diga qué va a hacer antes esta situación”, agregó.
Hasta el momento el juez le había ordenado al Gobierno de la Ciudad garantizar el suministro de agua potable de estos barrios, informar y acreditar espacios de aislamiento adecuados e informar el plan de abordaje para temas de violencia de género. También garantizar la higienización y desinfección de espacios comunes y públicos, como la provisión de elementos sanitarios y de higiene. Por ahora el GCBA no ha dado respuesta a todos los pedidos y se está a la espera del devenir de este proceso judicial.