El gobierno de Javier Milei llevó adelante una auditoría en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Los resultados preliminares de esta serie de relevamientos arrojaron que la obra social de los jubilados y pensionados “se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad financiera”.
Así lo advirtió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa de este lunes, en donde aseguró que el Gobierno Nacional encontró “un organismo devastado por la desidia”, con un déficit de más de $90.000 millones a noviembre del 2023, apuntando contra la administración de Alberto Fernández y la gestión de Luana Volnovich.
“Desde el 10 de diciembre hasta hoy se recortaron $90.000 millones en gastos innecesarios, políticos o que surgieron de la ineficiencia”, manifestó.
En línea, aseguró: “En el mes de diciembre, se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones. Esto es muy importante porque el cálculo que se había realizado, desde el organismo, indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que venía acumulando.”.
Esto tiene relación a la purga llevada adelante a mediados de febrero, con un recorte en la estructura gerencial y el despido de rangos jerárquicos y empleados vinculados a La Cámpora que no habían renunciado tras el cambio de gobierno.
“En mayo 2023, el PAMI registró un déficit de $6.000 millones. Y en septiembre, ese déficit de caja se multiplicó por ocho, llegando a los $51.000 millones. Desde que se inició la campaña electoral el año pasado, esto se fue profundizando, donde se encontró de todo, pero entre ellos gastos en publicidad de dimensiones astronómicas, equivalente, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para afiliados que sufren de diabetes”, sostuvo Adorni durante la rueda de prensa, en base a los datos resultantes de la auditoría.
A su vez, alertó que “fue tan grande el despilfarro” que “en noviembre el déficit llegó a los $92.000 millones”.
En ese marco, denunció la “venta de recetas truchas, aprovechándose de la poca rigurosidad en el sistema del organismo” y lamentó: “Donde hay una receta trucha, hay un afiliado que se quedó sin sus medicamentos”.
“Fue tan obscena la desidia que se vio en el PAMI y que encontramos en el organismo, que además había sufrido un hackeo en el sistema informático que dejó 5 millones de afiliados con sus datos a merced de cualquier delincuente”, agregó.
Con esto, puso la lupa en el ataque cibernético que sufrió la entidad en agosto, que afectó a más de 1.6 millones de archivos, lo que se traduce en 831 GB de información. Éstos incluyeron: presupuestos, historias clínicas, estudios y datos personales de los afiliados, como escaneos del DNI, por mencionar.
Para cerrar, concluyó: “Llevando adelante los recortes necesarios, se evitó la catástrofe en el PAMI”.