Mientras apela a una mezcla de posibilismo y pragmatismo para desbloquear la negociación en el Senado para aprobar la Ley Ómnibus y el paquete fiscal, el gobierno de Javier Milei avanza con el plan para reducir los costos operativos y reformular el perfil de las nueve empresas públicas que pretende privatizar de forma total o parcial, en caso de que, finalmente, consiga los apoyos en el Congreso para sancionar las reformas económicas del Presidente.
En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo comenzó a preparar el terreno para la ola privatizadora al intensificar su política de recortes de gastos en empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, AySA o el Correo Argentino, que reciben aportes del Tesoro Nacional y son deficitarias, con el propósito de equilibrar sus cuentas.
De esa forma, Milei pretende encontrar una vía para hacerlas más rentables y, a mediano o largo plazo, convertirlas en un negocio atractivo para el sector privado de cara al eventual proceso de venta integral, concesión o esquema mixto. Sin embargo, al Gobierno aún le queda un camino cuesta arriba para lograrlo.
Por el momento, se activaron miles de despidos de personal -el set de empresas a privatizar abarca un universo de unos 70 mil empleados-, y se abrieron programas de retiros voluntarios para achicar las plantas de un puñado de las nueve compañías que el Gobierno intentará desprenderse. A su vez, se ejecutan una batería de medidas, como planes de reestructuración o eliminación de cargos políticos, para ajustar los presupuestos de las empresas y lograr una mayor productividad y eficiencia, según fuentes de la jefatura de Gabinete.
Los colaboradores de Milei consideran que la cantidad de empleados que requieren para funcionar y brindar sus servicios AySA, Trenes Argentinos o el Correo, entre otras, fue incrementada por “cuestiones políticas”. Es decir, que las últimas gestiones sumaron casilleros como herramienta de política partidaria para premiar a seguidores leales. “Durante mucho tiempo, las empresas sobredimensionaron el personal”, justifican en despachos de la Casa Rosada. No obstante, Milei aún mantiene en sus puestos a 1867 funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, según admitió Nicolás Posse en su reciente informe al Senado.
Como ocurre con sus periplos parlamentarios, la vocación reformista de Milei nada contracorriente. Es que la avanzada para achicar de forma drástica costos y plantillas de empleados de las empresas estatales -unas 108 mil personas, lo que representa un 7,6% del empleo público nacional- pone en pie de guerra a los gremios en plena tensión social por los efectos de la recesión, los despidos y la caída del poder adquisitivo del salario. Por ese motivo, tras una fase inicial de diagnóstico, los funcionarios de Milei analizan caso por caso la situación de las nueve compañías sujetas a privatización y negocian con los sindicatos del sector.
— Ricardo Cirielli (@ricardocirielli) May 7, 2024
“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, aventuró el Presidente desde que puso un pie en la Casa Rosada. Al igual que la “motosierra” en el ámbito fiscal o el plan de “dolarización”, una idea que ya abandonó, las privatizaciones fueron una de las banderas del libertario en la última campaña. Es sabido que su única receta para luchar contra la inflación se centra en el ajuste de las cuentas públicas y el achicamiento del Estado.
A la espera de la sanción de la Ley Ómnibus en el Congreso, el Gobierno enfrenta el desafío de “sanear económicamente” y mejorar la productividad de las empresas estatales antes de iniciar el largo camino para privatizarlas o implementar esquemas mixtos. Si bien Milei sueña con reeditar la ola privatizadora de la década de los noventa, que llevó adelante Carlos Menem, el trámite legal es largo y engorroso. De hecho, estiman que duraría al menos un año en los casos más complejos. Está claro que instrumentar una privatización requiere de equipos con capacidad de gestión y pericia. Y, hasta ahora, ese ha sido uno de los grandes déficit del gobierno Milei.
El programa privatizador de Milei está a cargo del secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, un hombre de confianza de Posse, y su mano derecha, Patricio Jaccoud, quien fue funcionario de la Anses durante el macrismo. Ambos contaron con una asesoría externa de Martín Maestu, quien, a diferencia de Mario Lugones, omnipresente y poderoso consejero en la cartera de Salud, no fue designado en un cargo. La figura de Maestu, que se involucró en el proceso y aportó “ideas”, quedó en la mira del kirchnerismo en los últimos días.
La oposición más dura ya siembra sospechas y advierte sobre negocios, eventuales conflictos de interés o presuntos hechos de corrupción que escondería el rumbo privatizador que lidera Milei. Es que en los pasillos del poder comienzan a circular nombres de importantes empresarios que estarían interesados en intervenir. “Dos fondos de inversión muy grandes preguntaron abiertamente para desarrollar el sector ferroviario”, reveló el Presidente en una entrevista que concedió a Todo Noticias.
Se consensuó sostener un plan de lucha en todos los sectores de trabajo contra las medidas de ajuste y para exigir la reincorporación de los compañeros despedidos en todos los sectores de trabajo.https://t.co/hOCBCU07uG pic.twitter.com/wck8ymrENF
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) May 21, 2024
Con ese trasfondo, la administración de Milei puso en marcha un plan de despidos y retiros voluntarios para reducir las plantillas de personal. A su vez, diseñan e instrumentan nuevos esquemas de negocio que, argumentan en el Gobierno, apuntan a mejorar la eficiencia, achicar los costos y mejorar los ingresos de las compañías públicas antes de llegar a la etapa de tasación, que prevé la ley 23.696 de reforma del Estado.
Con la idea de achicar el déficit del Estado, Milei procura desprenderse de Aerolíneas Argentinas (AA), Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina (RTA) e Intercargo (SAU). Esas empresas forman parte del anexo del capítulo de privatización de la Ley Bases que recibió la media sanción en Diputados y ahora se discute en el Senado. La nómina del modelo de privatización parcial -concesión o esquema de capitales mixtos- incluye a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); el Correo Argentino; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Belgrano Cargas; y Corredores Viales.
Si bien la reforma ya cuenta con media sanción, un nuevo obstáculo podría empantanar la ofensiva libertaria del Presidente. Ante la presión de un sector de la oposición dialoguista, sobre todo de los gobernadores y representantes patagónicos, el oficialismo podría verse forzado a excluir a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. La compañía aérea tuvo un déficit de 7 mil millones de dólares en los últimos quince años, según informó Posse durante su paso por el Senado.