El plano se cierra sobre la figura de Hugo Moyano, que, al menos por un tiempo, reemplazó a Cristina Fernández de Kirchner como enemigo público número uno de la administración nacional. La decisión, claro está, emanó de la Casa Rosada y tiene varios motivos, depende a quién se le pregunte.
El más obvio es que hoy, en febrero de 2018, con dieciocho largos meses hasta la próxima contienda electoral, el dirigente camionero representa la amenaza más inmediata a los planes oficiales. Algunos funcionarios destacan, además, que el techo de popularidad del sindicalista es aún más bajo que el que ostenta la exmandataria, según las mediciones que encargaron. Y aseguran que hoy, cuando una nueva candidatura de CFK parece lejana, Moyano es más revulsivo para la unificación peronista que ella. La calle, los tribunales y las oficinas donde se discutirán las pautas salariales para este año son los escenarios donde va a desenvolverse este nuevo conflicto.
Lo cierto es que las noticias indican con claridad que el segundo bienio del primer gobierno de Cambiemos ya está plenamente en marcha. Si octubre, con un fuerte triunfo oficialista, fue el punto de partida, y diciembre, el mes más conflictivo de los últimos quince años, marcó un punto de inflexión, febrero es el momento en el que se establece el tablero de un juego que se desarrollará de cara a 2019, con apuestas altísimas.
Las paritarias, los conflictos sindicales, la reanudación de la actividad judicial, con muchos dirigentes opositores en el banquillo y los prolegómenos del inicio del año parlamentario, a partir del 1 de marzo, marcan un escenario en el que se destacan tres novedades: la anunciada ruptura de la CGT, que es cuestión de días; las urgencias del presidente Mauricio Macri, que ya no maneja completamente los tiempos de la política, y la incipiente reunificación opositora.
Al tensar relaciones con Moyano, el Gobierno forzó una ruptura de la central obrera, que viene mostrando rajaduras desde hace un año y que desde diciembre se encontraba en situación crítica. El camionero, en ese sentido, funcionaba como fiel de una balanza entre dos sectores con nada en común: los oficialistas, comandados por “los gordos” y “los independientes”, poco dispuestos a abandonar la mesa de negociación en cualquier circunstancia, y los opositores, encuadrados en la Corriente Federal, que ya decidieron hace rato pararse en la vereda de enfrente de toda iniciativa que surja de Balcarce 50. En ese escenario, la tropa del camionero, jugando siempre a dos puntas, mantenía el precario equilibrio y una unidad casi siempre forzada.
El paso del clan Moyano a las filas opositoras rompió ese esquema, como quedó claro en las declaraciones de Héctor Daer, representante de los gordos en el triunvirato cegetista, y la respuesta de su par, Carlos Acuña, que dejaron en evidencia que esas tensiones ya no pueden manejarse en el ámbito de una sola conducción. Todo comenzó cuando el dirigente de Sanidad anunció que no va a sumarse a la marcha convocada por los camioneros para el 21 de febrero y criticó el acompañamiento del resto de la conducción.
“La CGT no puede tener una estrategia parcial, espasmódica”, dijo el hombre de Sanidad. “Si Daer no se va solo, lo van a echar los trabajadores”, le respondió Acuña, que no es precisamente Agustín Tosco. La pregunta a esta altura no es si la central se va a partir sino cuándo y en cuántas partes.
Esto, lejos de ser una ventaja para el Gobierno, representa un nuevo dolor de cabeza, con las paritarias en la agenda y la economía en su peor momento desde que se dejó atrás el fatídico 2016. Para peor, la Casa Rosada no encuentra una respuesta política al problema y se recuesta en dos soluciones de corto plazo que pueden traerle mayores dificultades con el paso del tiempo: el Poder Judicial y las fuerzas de Seguridad. De las declaraciones de figuras de primera línea del gabinete queda claro que ante el endurecimiento de las posiciones del sindicalismo crítico se responde azuzando las causas que complican a sus referentes en Tribunales. Y al conflicto en la calle se responde con represión. En ambos casos se trata de procesos donde es fácil advertir el comienzo pero casi imposible predecir el final.
Lo que está claro es que Macri perdió la manija que había agarrado hace unos meses, cuando el triunfo en las elecciones de medio término le dio al Gobierno la iniciativa para avanzar con su plan de reformas. El problema es que ese plan, que no había sido explicitado antes de los comicios, resultó mucho menos popular de lo que imaginaban las usinas oficiales que miden opinión pública. Esto, sumado a errores no forzados, como el affaire Triaca y la búsqueda fallida del submarino ARA San Juan, dejaron a Cambiemos a la defensiva. De todas formas, azuzado por la economía que no arranca y los nubarrones de conflicto en el horizonte, el Presidente decidió redoblar la apuesta y avanzar a toda marcha, apostando a concluir su combo de medidas impopulares lo más lejos posible de 2019, para que no interfieran en la próxima campaña.
Puede fallar, decía el antiguo mago. Y eso es lo que notan los principales dirigentes opositores. Algunos de ellos, después de la derrota en las elecciones de medio término, daban la próxima presidencial por perdida. “Pensemos en 2023” fue una frase que se escuchó mucho durante las últimas semanas del año pasado.
Pues bien, ya no más. Hoy el peronismo percibe una luz para volver al poder al final de este mandato y eso explica los movimientos que apuntan hacia la unidad amplia. Kirchneristas, renovadores, intendentes, mandatarios provinciales, dirigentes sindicales de distinta extracción y hasta el Papa promueven hoy un acuerdo amplio que hasta hace unos meses pertenecía al campo de la ciencia ficción. El camino es largo y está lleno de distracciones.
Pero el plan ya está en marcha.
