Argentina debe presentar el lunes su Examen Periódico Universal (EPU), que reporta la situación de los derechos humanos en el país, y en ese contexto internacional avanzará sobre jueces y fiscales, cuestionará el rol de la prensa y criticará el control institucional de los partidos opositores.
El informe fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería, tiene treinta fojas y será presentado en Ginebra.
El informe sostiene que hay “discursos del odio” en la Argentina “que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
Y añade: “Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”.
Tras utilizar la idea del discurso del odio para cuestionar a los medios de comunicación y la oposición,se introduce el concepto de lawfare (Guerra Jurídica) para atacar al Poder Judicial, al sistema de partidos y a las empresas.
“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del “lawfare o “guerra jurídica”. Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, escribió Pietragalla en la foja 18 del reporte oficial.
Y agrega: “En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.
Además de utilizar los conceptos de discurso del odio y lawfare, se suma la idea de proscripción política para cerrar su ataque al Poder Judicial.
“Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión. Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, sostiene el informe.
