El Gobierno de Macri ayuda a Cristina Kirchner

El Gobierno de Macri ayuda a Cristina Kirchner

Una jueza federal, Liliana Heiland, ordenó que se entregue la documentación sobre las empresas de la familia Kirchner, pero un organismo que depende de Presidencia de la Nación rechazó el fallo.


El Gobierno nacional apeló un fallo que lo obligaba a darle a la diputada nacional Margarita Stolbizer, información sobre las empresas Hotesur y Los Sauces y otras compañías ligadas a los emprendimientos hoteleros de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, su familia y del empresario Lázaro Báez, que son investigadas por presunto lavado de dinero.

El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), dependiente de Presidencia de la Nación, objetó la resolución de la jueza federal, Liliana Heiland, quien había señalado que la información solicitada por Stolbizer era pública y que por lo tanto tenía derecho a su acceso.

Stolbizer reclamaba toda la información que el SINTyS tuviera sobre esas empresas. Las cuatro compañías explotaban emprendimientos hoteleros e inmobiliarios de Cristina Kirchner y están siendo investigadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Claudio Bonadio en distintas causas por lavado de dinero.

El organismo rechazó la demanda judicial de la diputada nacional y sostuvo que hay otras vías administrativas para hacer el reclamo. También señaló que la información que solicitó la referente del Gen, no está alcanzada por el decreto de acceso a la información pública y que la publicidad de lo solicitado podría violar el “Régimen de Protección de Datos Personales”.

La jueza Heiland desestimó los argumentos del Gobierno nacional e hizo lugar al amparo de Stolbizer. “Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”, sostuvo la magistrada.

Ahora el caso pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para revisarlo. Incluso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.

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