La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentará este lunes en la Justicia federal de La Plata una denuncia penal con el aporte de material audiovisual que da cuenta de un encuentro de mediados del 2017 en la que confluyeron empresarios de la construcción de esa ciudad y exfuncionarios del gobierno bonaerense de Cambiemos que, según la presentación, se reunieron para “impulsar una investigación” contra Juan Pablo “El Pata” Medina.
“En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”, resaltó la interventora de la AFI en la denuncia.
Se trata, según las fuentes, de una reunión que habría tenido lugar en una de las oficinas del Banco Provincia el 15 de junio del 2017, tres meses antes de que Medina, por entonces el hombre fuerte de la UOCRA platense, fuera detenido por orden del juez de Quilmes Luis Armella, acusado de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión. Salió en libertad en febrero de este año.
Según la denuncia, participaron del encuentro los directivos de la UIA del Gran La Plata, de la cámara empresaria de desarrolladores urbanos y de la asociación de pymes de la construcción local con funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro y el legislador Juan Pablo Allan.
El protagonista del encuentro, que llamativamente fue grabado y que, según la presentación de Caamaño, fue hallado la semana pasada por “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”, fue Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la Provincia. Es, de acuerdo al material, quien lidera el cónclave.
También aparece un subsecretario del Ministerio de Justicia y Roberto Gigante, entonces ministro de Infraestructura bonaerense, pero en un papel muy secundario: no interviene en la reunión -solo se presenta en sociedad-, se lo nota incómodo y se retira antes de que finalice.
“El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso, se le da volumen a una instancia judicial (…) Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, dice Villegas en uno de los pasajes del encuentro.
Y agrega: “Hemos tomado la decisión como gobierno, cuando digo gobierno es nacional y provincial, y municipal, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos de relaciones con la UOCRA, seccional La Plata”.
Tenía razón: la detención de Medina, en septiembre de ese año, se transformaría en una política de Estado tanto para Mauricio Macri como para Vidal. Fue la hipótesis a la que siempre abonó el sindicalista. En ese sentido, la denuncia del Gobierno lo beneficia ahora de manera directa.
Lo cierto es que, a esa altura, en La Plata, la metodología sindical de “El Pata” tenía en vilo a los empresarios de la construcción. Consultados para esta nota, tanto en el entorno de Garro como del senador Allan aseguraron que muchos de ellos acudieron “llorando” a pedir desesperados por una solución al tema.
También remarcaron que recordaban la reunión, que no sabían que había sido filmada, pero que no fue la única. Sí les llamó la atención que ahora salga a la luz.
“Julio nunca lo ocultó y el Poder Judicial miraba para otro lado. Construir en La Plata era 30 o 40% más caro que, por ejemplo, Berazategui. Los empresarios pedían por favor que se le soltara la mano a Medina, que participaba de los actos políticos de (Daniel) Scioli o del intendente (Juan Pablo) Bruera”, subrayaron colaboradores del jefe comunal.
En la misma línea abundaron en el entorno de Allan: “La reunión no tuvo nada de reservado ni secreto, fue una más, institucional”. Villegas, por su parte, no contestó a la consulta de este diario.
En el caso del ex ministro, más allá de que la denuncia de Caamaño apunta a que se investiguen posibles irregularidades, sorprende su verborragia. “Si yo pudiera tener, y esto lo voy a desmentir en cualquier parte, una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría. Ahora, las leyes son las leyes, tengo que modificar la 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la Provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”, se sincera Villegas, sin saber que quedaría grabado.