El Gobierno denunció penalmente al ex militar carapintada Aldo Rico luego de su polémico llamado a las fuerzas militares para que estén preparadas en caso de que sea necesario y lo acusó de la presunta comisión de “delitos contra el orden constitucional”.
“Cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Yo les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército”, sostuvo el ex intendente de San Miguel en un video casero que generó amplio rechazo.
Ante la trascendencia que tuvo el pedido de Rico, la Secretaría de Derechos Humanos decidió denunciarlo por “delitos contra el orden constitucional”.
Al fundamentar la presentación realizada ante la Justicia, el área a cargo de Horacio Pietragalla Corti remarcó que “a casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados”.
Además, se indicó que “el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática”.
Pietragalla busca que se investigue al veterano de Guerra de Malvinas “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”.
La Secretaría de Derechos Humanos sostuvo Aldo Rico “tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares”.
Esto último es en referencia a los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988 contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Por otra parte, Organismos de Derechos Humanos manifestaron este viernes su “más enérgico repudio” a las “amenazas contra la democracia” realizadas en redes sociales y solicitaron que “las autoridades” tomen “las medidas necesarias” para “garantizar que estas amenazas no queden impunes”.
Así se pronunciaron en un comunicado Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Matanza.
También firmaron el comunicado la Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.