El Gobierno disolvió la subsecretaría de protección contra la violencia de género dejando sin trabajo cientos de empleadas, un área dedicada a promover políticas de prevención y acompañamiento de mujeres y disidencias afectadas por la problemática. El hecho quedó en evidencia tras la renuncia presentada por su titular, Claudia Barcia, y ocurrió en línea con el fuerte ajuste que se implementó en el sector y que siguió a la disolución del Ministerio de Mujeres, lo que fue en línea con la retórica del presidente Javier Milei.
“No hay plata”. En medio de la crisis económica y social, las palabras del jefe de estado resonaron con fuerza especialmente en aquellas áreas dedicadas a proteger los derechos de las mujeres, un asunto que choca directamente con la ideología que profesa Milei.
En este caso se metió con el área promover políticas para contener, proteger y asesorar a mujeres y disidencias que enfrentan violencia de género en todas sus formas, lo que incluye su máxima expresión: el femicidio. La misma ya había sido trasladada del Ministerio de Capital Humano a la órbita del de Justicia, y había sufrido una drástica reducción de su presupuesto dejando a algunos programas prácticamente interrumpidos.
Además, la situación se torna aún más preocupante por el impacto simbólico del momento que eligió el Gobierno para hacer el anuncio, que se dio a conocer poco después de que se conmemorara un nuevo aniversario del surgimiento de “Ni Una Menos”, el movimiento de mujeres que nació en Argentina el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez y que luego se internacionalizó. Ese mismo día, el Gobierno anunció el despido de 500 trabajadoras del área, una cifra que podría ascender en los próximos días.
El cierre de la subsecretaría contra la violencia de género
El cierre del área de protección contra la violencia de género quedó expuesta luego de que se conociera que la -ahora ex- subsecretaria presentara su renuncia “indeclinable” el pasado miércoles por la noche.
“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 horas por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, mediante el cual me comunicó que la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir”, reza el texto firmado por Claudia Barcia.
Barcia, que anteriormente fue fiscal especializada en violencia de género del Ministerio Público Fiscal porteño, presentó la nota de renuncia este jueves 6 de junio ante el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con copia a Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos, cuya área absorberá el abordaje de la problemática.
“Es un retroceso enorme en la jerarquización que el Gobierno le asigna al problema de prevención de femicidios y la asistencia y acompañamiento a víctimas. ¿Que podíamos esperar de un presidente que niega la existencia de la violencia por razones de género y desconoce sus causas estructurales?”, reveló Mariana Carbajal, periodista especializada en género que dio a conocer la noticia.
El Gobierno disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el ex Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades y que dos semanas atrás había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia. Abro hilo
— Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) June 6, 2024
El pasado 24 de mayo, apenas 9 días antes del anuncio de su clausura, la subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género había sido reubicada desde Capital Humano, donde había caído tras el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la que fue una de las primeras medidas de Milei como presidente. Ahora, todas las políticas comprendidas en el área, como la Línea 144 y el Programa Acompañar, quedarían reducidas a la subsecretaría de Acceso a la Justicia, bajo la órbita de Cúneo Libarona.
“El Gobierno tiene compromisos internacionales x haber suscripto Convenciones como Belén do Pará y Cedaw. No puede desentenderse así como así del problema de la violencia machista. Dirá q las funciones la cumplen… pero de qué manera. ¿Qué pasará con las 650 trabajadoras que quedaban en la Subsecretaría? Están ahora reunidas en una radio pública frente al edificio de Paseo Colón 181, con la incertidumbre de la falta de información oficial y su posible despido. Otra muestra de la crueldad libertaria”, cerró la comunicadora en su hilo de X.
El área, en tanto, tenía como objetivos “intervenir en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos los ámbitos”, y coordinar la “transversalización de las políticas” contra la violencia de género tanto a niver intraestatal como federal, entre otros objetivos.
Con respecto a su función como parte de la cartera de Justicia, se incorporaron como objetivos del área el “asistir al Ministro en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en la materia y asistir al Ministro en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional”.
Se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer pic.twitter.com/5Byk5m8wLv
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 7, 2024
Un femicidio cada 37 horas
Con más de 20 años trabajando en la temática, la designación de Claudia Barcia como titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género había generado cierto optimismo dentro de la planta de trabajadoras del área. Sin embargo, este optimismo se desvaneció cuando Barcia anunció una reducción del 80% en la planta de trabajadoras, lo que incluyó el despido de 400 empleadas.
“Nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género”, indicaron las trabajadores de la Subsecretaría, quienes advirtieron además que la reducción de personal afecta la aplicación y fiscalización de leyes clave para prevenir la violencia contra las mujeres.
Además, la drástica reducción del presupuesto interanual de programas exitosos como Acompañar o la Línea 144 sufrieron una caída del 80% y el 25,52% respectivamente, llevando a una reducción en la capacidad de las instituciones para brindar atención y protección a las víctimas de violencia de género.
Asimismo, estos programas, sumado a Acercar Derechos y otros similares, están “prácticamente interrumpidos”, según el reciente informe de las ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En el trabajo de monitoreo, ambas instituciones demuestran que, tras seis meses de gobierno, “se destaca la interrupción de hecho de algunos programas, la disminución de recursos humanos y financieros y la falta de actualización de datos sobre su funcionamiento”.
Más allá de los idas y vueltas, los recortes en programas de prevención y protección contra la violencia de género tienen consecuencias devastadoras en la lucha contra la violencia machista. Un relevamiento realizado por el observatorio “Ahora que sí nos ven” reveló un aumento en los femicidios en Argentina en lo que va del 2024, cuando se registraron 78 femicidios (hasta abril inclusive), lo que equivale a un asesinato por motivos de género cada 37 horas.