Santiago Caputo buscó acelerar el envío de la iniciativa que redactó la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, fiel técnica de sus filas, que incluye cambios significativos en el financiamiento de los partidos políticos. A pesar de que los socios del Gobierno encendieron las alarmas en contra de la iniciativa, en la Casa Rosada dicen que “hay oportunidades” para lograr consenso.
Más allá de las ambiciones del Presidente, en principio se vislumbra escaso acompañamiento para una medida que, además, exigiría para su sanción una mayoría especial, porque se trata de un tema de índole electoral. El Pro y la UCR ya dijeron que están en contra de la supresión de las PASO porque las necesitan para ordenar sus espacios políticos. “Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del periodo ordinario de sesiones, quedando su tratamiento intevitablemente para el año próximo. Siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales”, dijeron desde la bancada amarilla.
Sin embargo, dejaron una rendija abierta y dijeron que “analizarán el proyecto con la misma responsabilidad con la que trabajan todos los temas institucionales”.
El proyecto tiene como principal objetivo la eliminación de las PASO, argumentando que representan un gasto innecesario que podría ser reasignado a otras áreas. Además, se propone modificar el régimen de financiamiento de los partidos para reducir el gasto público y “aumentar la transparencia”, enfocándose en cómo se financian las campañas más que en cuánto se gasta. También desincentiva la creación de partidos nuevos y el sostenimiento de sellos que tienen nula representatividad.
El debate sobre la eliminación de las PASO generó algunas divisiones en el Gobierno, porque algunos funcionarios e incluso diputados libertarios consideraban que la medida debía discutirse después de las elecciones legislativas. Pero Milei decidió hacer caso omiso a los usos y costumbres y no descarta tratarlo en 2025.
Además de los cambios en el financiamiento de los partidos, el Gobierno propone erradicar los espacios de publicidad gratuita y endurecer las reglas de caducidad de los partidos (con un aumento del porcentaje de votos necesarios para mantener su registro). Son dos ejes que probablemente generarán ruidos en el debate, si se tratara, porque perjudicarán a los partidos chicos. La única medida para incentivarlos es facilitar la inscripción de afiliados por medios digitales.
Qué dicen los partidos
Más allá de la falta de acuerdo, en Balcarce 50 se muestran decididos a avanzar con la discusión, ya sea en sesiones extraordinarias o en las ordinarias de 2025, en la previa de las elecciones de medio término. Creen que el Pro estaría “muy incómodo” para darles la espalda. Que a “varios gobernadores” les conviene para evitar la competencia en sus respectivos distritos. Y que una parte del peronsimo, particularmente el massismo, estaría de acuerdo. De hecho, tomaron como una señal en ese sentido el proyecto que presentó el diputado Rubén Eslaiman en la Provincia de Buenos para eliminar la PASO a nivel local.
En las filas del peronismo no kirchnerista no cerraron la puerta por completo, y recordaron que está presentado un proyecto del diputado Oscar Agot Carreño (Encuentro Federal) en ese sentido. Sin embargo, señalaron que “en el bloque no se discutió, y se tendría que discutir este año”. En realidad, leen la jugada del Gobierno como un mensaje de “amenaza” a los gobernadores aliados de Juntos por el Cambio, que exigen demasiado a cambio de dar apoyo al Presupuesto de Milei.
Inicialmente, los libertarios habían planteado el proyecto anti-PASO como moneda de cambio en las negociaciones por el Presupuesto. El plan era pedirles a los gobernadores y diputados que le dieran luz verde a la medida, para usar los fondos que se ahorraría el Estado para financiar los costos que implican las demandas de las provincias sin afectar el déficit fiscal. Pero los mandatarios del interior presentaron una serie de exigencias que superan ampliamente los 3700 millones de pesos que, según el Ejecutivo, se ahorrarían al eliminar las Primarias y cortar ciertos aportes públicos para los partidos políticos.
Con todo, los libertarios dieron un giro en los últimos días y decidieron apurar los tiempos del debate de un proyecto que no habían logrado aprobar durante la discusión de la Ley Ómnibus y que ahora ven más factible.
