Al mismo tiempo que su primo hermano y ex dueño de Iecsa, Ángelo Calcaterra, confesaba ante la Justicia el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas para luego quedar en libertad, Mauricio Macri lanzaba una nueva estrategia comunicacional, con la lucha contra la corrupción como la cuestión principal.
La investigación mantiene así en vilo ya no solo al kirchnerismo sino también a los principales empresarios de la construcción, entre ellos los que salpican directamente a la familia presidencial. La apuesta es volver a pararse en un escenario similar al que los llevó a la Casa Rosada, pero la situación económica sigue siendo el principal motivo de preocupación en las encuestas y en la gestión.
Macri habló nuevamente sobre el tema esta semana, el lunes temprano, durante un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el marco de la presidencia argentina del G20. Allí pidió trabajar por la transparencia en el Estado y “combatir y prevenir la corrupción”.
“Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esta agenda y los resultados están a la vista”, decía Macri desde el Palacio San Martín, para diferenciarse del kirchnerismo, con el que Cambiemos tanto quiere polarizar la contienda electoral. Así y todo, la estrategia será despegarse de Calcaterra, quien reconoció haber pagado coimas a funcionarios que respondían al ex ministro kirchnerista Julio de Vido, con sumas de dinero que supuestamente iban a parar a la recaudación de fondos de campaña de Cristina Kirchner, justo cuando, en paralelo, la investigación de Juan Amorín sobre los aportantes truchos de Cambiemos empezaba a poner nervioso al Gobierno.
Todavía se desconoce el origen del dinero no declarado, que terminó financiando la campaña bonaerense. Hasta candidatos propios a intendente y a concejales denunciaron haber sido contribuyentes partidarios. El absurdo llegó hasta al propio exfuncionario porteño Darío Lopérfido, que negó haber aportado 30 mil pesos para la campaña, pese a estar su nombre en los registros que el propio partido debía presentar antes de la elección.
¿Quiénes aportaron la plata? “Hay algo bueno que está pasando, estamos sacando la verdad a la luz, porque el cambio es mucho más profundo que una discusión económica.” Las palabras de Macri, ese mismo día, dejaron finalmente al desnudo las intenciones oficiales.
“Tiene que ver con la libertad de decir, de expresarse por parte de los periodistas que investigaron, del juez que ahora puede decir lo que se le ocurra sin tener miedo”, sostuvo el viernes pasado el Presidente en un acto en Quilmes, junto a María Eugenia Vidal. El mensaje apuntaba directamente a dos despachos de Cómodoro Py. Es decir, hacia los del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes, junto a su colega Raúl Pleé ocuparan cargos en Boca Juniors, cuando Daniel Angelici era el presidente de la institución, el mismo que es constantemente señalado por aliados como Elisa Carrió, de ser un operador judicial del Gobierno.
Carrió, cuando confrontaba con Mauricio Macri en otra época, lo acusaba de pertenecer al clan de la patria contratista, que hacía negocios con la corruptela menemista. La líder de la Coalición Cívica aprovechó su verborragia habitual para defender en Twitter al Presidente de la República. “Lo que está pasando representa un cambio enorme para la Argentina, porque empresarios cercanos al Presidente se presentan ante la Justicia. No hay impunidad para nadie y ese fue el acuerdo para fundar Cambiemos que hicimos Macri y yo. Sé el dolor que significa en lo personal para el Presidente, porque se trata de una persona muy querida, pero ante la Justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo”, sostuvo la diputada nacional en su defensa.
La chaqueña se mantiene siempre en fina sintonía con su actitud frente al caso del Correo Argentino, por el que el Grupo Macri al día de hoy mantiene una demanda millonaria con el Estado, un proceso en el que se llevó por delante incluso al Procurador del Tesoro, que tras haber ordenado un sumario administrativo y una auditoria para establecer si el Gobierno quiso licuarle la deuda a Franco Macri, fue despedido.
El caso duerme hoy en la Corte Suprema de Justicia. Así y todo, en el Gobierno consideran que hablar de corrupción es mejor que hacerlo sobre la dura realidad económica. Fuentes de Casa Rosada aseguraron a Noticias Urbanas que todavía es muy complicado medir el impacto electoral de la investigación que dispararon los cuadernos del chofer de Roberto Baratta y por la que fue citada a indagatoria la expresidenta.
“Nos potencia el núcleo duro y quizás que algún desencantado te vuelva a mirar ahora con un poco más de aprecio. Hay algo que podemos llegar a capitalizar”, señalan. Juran que el caso no alcanzará a la figura de Mauricio Macri y que la investigación, más que un alivio, es un “pulmotor” para el corto plazo, porque “sigue siendo un año duro y complejo” en términos económicos.
Ante el desencanto que significó paralizar la puesta en marcha de nuevas obras públicas, el Gobierno apostará a exhibir la transparencia de su plan de infraestructura en estos dos años y medio de gestión. Aseguran que para el próximo año solamente están dispuestos a poner en marcha dos obras de importancia, como las represas hidroeléctricas Portezuelo del Viento, para Mendoza, y Tambolar, para San Juan. La discusión sobre los recortes del próximo presupuesto, por ahora, solamente fue habilitada por el Gobierno con las provincias, que serán representadas en ella por sus ministros de economía.
La próxima semana habrá un encuentro encabezado por Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio en la Casa Rosada, junto a todos esos funcionarios provinciales. La discusión avanzará luego sobre una segunda etapa de negociaciones, con la convocatoria oficial a los líderes del peronismo opositor, como Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa, según confiaron a NU.
El Gobierno quiere definir con los gobernadores los lineamientos generales del ajuste y trascendió que estaría dispuesto finalmente a no meter la mano sobre los fondos destinados a educación y salud pública. También aseguran que dentro del sistema previsonal lo que se está examinando es achicar “jubilaciones de privilegio”, aunque no correría peligro el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, que el Fondo Monetario Internacional propone liquidar, como sospechan los opositores que finalmente el Poder Ejecutivo hará.
El ajuste alcanzará un total de 300 mil millones de pesos, aunque 200 mil son los que deberá absorber la administración nacional, que todavía no definió si seguirá achicando la estructura ministerial, una idea que Mauricio Macri no estaría dispuesto a profundizar. Ahora sí, se relanzó el concepto de lucha contra la corrupción, y en la próxima discusión sobre el Código Penal, el anteproyecto propondrá mayores penas para los delitos de corrupción y volverá a poner la mirada sobre la inseguridad.
Esas son las armas con las que el oficialismo espera proyectar su campaña para ganar en 2019.