El Gobierno desembolsó 5 millones de pesos para comprar las primeras 100 pistolas taser, que serán empleadas por las fuerzas de seguridad federales con un protocolo que no repara en restricciones . La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en enero pasado que “era una decisión tomada” y el argumento oficial sostuvo que sería para utilizar en lugares de mucha aglomeración de gente, como estaciones de tren y aeropuertos.
La licitación fue ganada por la empresa estadounidense Axon, con un costo de 5.285.000 pesos. Aunque la ministra y funcionarios de Seguridad insistieron desde enero en que la compra sería por 300 armas eléctricas, la licitación fue finalmente por 100 a un costo de 36.635 pesos cada una.
Además, el Gobierno pagó 1005 pesos por cada cartucho y 966 pesos por cada cartucho de práctica. Las pistolas norteamericanas cuentan con un sistema operativo que permite registra su uso en la nube, algo que el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, destacó como método de saber “qué se hace con ella y cómo se la utiliza”.
El qué y el cómo del uso son las incógnitas que el Gobierno no despejó, a pesar de los señalamientos y las críticas de los organismos de derechos humanos y de aprobación de un protocolo de uso en mayo pasado .
Peligro inminente
“Los criterios de uso son tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso”, advirtió el CELS tras analizar el protocolo aprobada por Bullrich para la utilización de las taser. Como ejemplo, el organismo de derechos humanos puso el artículo 2 inciso C de la normativa que autoriza para “impedir la comisión de un delito de acción pública”, que es “siempre, porque ese es el trabajo de la policía”.
Por otra parte, el protocolo señala que se utilizará ante un “peligro inminente” pero no precisa cuál sería una situación de ese tipo. Bullrich, como parte de la campaña de mano dura , se encargó de difundir un video ficcional en el que mostraba cómo se utilizaría la taser . En ese caso, sobre un hombre que intentaba robar en el tren con un arma blanca.
El CELS había subrayado que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda en 2009 y contra Gran Bretaña en 2013 desalentó su uso y lo consideró prohibido, salvo que se trate de “situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)” y “únicamente en sustitución de las armas letales”.
Los escenarios de Bullrich
Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno fue que el uso de armas de “carácter intermedio” sería limitado a zonas de aglomeramiento como estaciones de tren y aeropuertos. En ese sentido, el gobierno porteño había salido rápidamente a respaldar la iniciativa de Bullrich y adelantó que se aplicaría en los subtes.
Pero esa decisión no consta en el protocolo de acción y puede modificarse de acuerdo a decisiones ministeriales. En ese sentido, fue la ministra la que hace un mes promocionó el uso del arma eléctrica en un contexto muy distinto al anunciado originalmente. Bullrich sostuvo que el caso de la detención del empresario Esteban Mallorca Tebaldi , por parte de dos prefectos en un edificio privado, hubiese sido un escenario ideal .
Macri y las taser
La compra de las primeras 100 taser son la realización de un largo anhelo por parte del presidente Mauricio Macri, quien ya había intentado una compra de 300 pistolas durante su gestión como jefe de gobierno porteño.
En 2010, Macri se encontró también con el repudio de organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales pero, sobre todo, con la presentación judicial que realizó Carlos Pisoni en su condición de ciudadano de la Capital Federal e integrante de H.I.J.O.S .
Pisoni obtuvo un fallo favorable en primera instancia, por parte de la jueza Andrea Danas, y la ratificación de no utilizar esas armas por parte de la Cámara II en lo contencioso administrativo, en 2013, tras la apelación del PRO.