El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. “El Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa, que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, puntualizó la medida firmada por Barra.
Entre los fundamentos, se informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público (N° 24.156) y que resulta de aplicación a las casas de altos estudios sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitucional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior (N° 24.521).
De esta forma, Barra emitió su opinión sobre el encuadre normativo del ejercicio de control de la SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales y las incluyó dentro de la Ley de Administración Financiera (LAF), sus normas reglamentarias y complementarias.
La resolución fue informada a la secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, mientras que cabe destacar que esta era una solicitud del bloque parlamentario del Pro al Gobierno.
Así, el dictamen firmado por Barra anuló una medida implementada por Carlos Zannini, exprocurador del Tesoro, en noviembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Antes de esa decisión, la SIGEN tenía mayor grado de control en las universidades. En ese entonces, se había resuelto que a las facultades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la Ley de Administración Financiera, bajo la justificación de que el mismo no estaba incluido en el Presupuesto de 2020.
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, autorizó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a realizar una auditoría de las universidades públicas nacionales. pic.twitter.com/9lDVqI2wK3
— Central De Noticias (@CtralDeNoticias) October 15, 2024
En efecto, la iniciativa dio lugar a que las universidades sólo podían ser examinadas cuando la AGN y el Congreso lo dispusieran. Más tarde, en 2023, el exministro de Educación Jaime Perzyck firmó un convenio con la SIGEN, por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo.
El dictamen de la Procuración se produjo en medio de un marco tenso por las protestas y tomas de universidades en diferentes ciudades del país. Estas movilizaciones fueron impulsadas por la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y las nuevas declaraciones de Javier Milei sobre las casas de altos estudios, luego de que el último sábado considerara que sólo asisten “los hijos de los ricos”.
Desde esos despachos oficiales se aseguró que “se está evaluando la forma de implementar esa medida” que, “en principio, no afecta la autarquía de las universidades nacionales, en tanto no indica ni autoriza qué deben comprar o dejar de adquirir”, sino que se busca “que el sistema sea más transparente”.
“Una interpretación literal y armónica de los textos legales en análisis lleva a concluir que las Universidades Nacionales están sometidas, por un lado, al control externo, a cargo de la AGN, conforme lo establecido por la Ley de Administración Financiera a la que remite el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, en virtud de lo establecido en el artículo 59 bis de esta última y de conformidad a lo previsto por el artículo 129 de la Ley N.° 27.591. Por otro lado, también están sujetas al control interno, en cabeza de la SIGEN, que le resulta aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 100 de la LAF, como lo contempla expresamente el artículo 59 de la Ley de Educación Superior”, señaló el documento firmado por Barra.