La vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales y actual candidata de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo, junto a 25 diputados nacionales, y a partir de los reclamos y denuncias de distintas ONGs y víctimas de trata de todo el país, que el jueves se reunieron por conmemorarse el día internacional contra la trata de personas, pidieron explicaciones al Ejecutivo Nacional sobre la falta de implementación del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata aprobado por la ley 27.508 en 2019.
“Este Fondo Fiduciario se creó hace dos años, hubo decomisos y tiene recursos ¿por qué ese dinero no les llega a las víctimas como señala la ley? Aún no sabemos cuál es el motivo de esta situación. Lo que sí sabemos es que el Fondo está integrado por los bienes decomisados en delitos de explotación, trata y lavado de dinero, y se estima que hoy está integrado aproximadamente por 3 millones de dólares y 150 propiedades. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las víctimas”, enfatizó Carla Carrizo.
El organismo que administra el Fondo es el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a cargo del Secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El Consejo Federal solamente se ha reunido una vez desde diciembre del 2019 a la fecha.
En la misma sintonía, en el día de ayer, la Directora General de la Mujer y titular del Comité de Lucha Contra la Trata de CABA, Carolina Barone y Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humano y Pluralismo Cultural, elevaron una nota al Secretario Mena para instar a la inmediata convocatoria al plenario de ese organismo.
“¿Cree acaso el Gobierno que la pandemia volvió invisible el padecimiento de las personas que son víctimas de estos delitos federales? Pasar por una situación de explotación sexual es devastador para las víctimas; muchas veces no pueden reconstruir su vida laboral de forma inmediata y necesitan la protección del Estado”, señaló la diputada de la UCR.
Según datos suministrados al Comité por el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de trata en 20 provincias: el 68% corresponde a casos de explotación laboral y el 21% de explotación sexual.
“El Fondo es ley, el dinero está y el incumplimiento del Gobierno es apropiarse de lo que les corresponde a las víctimas. Una política de Estado no depende de la mala o buena voluntad de los funcionarios/as, necesitamos que urgente se rinda cuentas de las demoras y de lo actuado”, dijo Carrizo.
El proyecto además solicita información sobre la ejecución del “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, que actualmente está funcionando en prueba piloto teniendo como destinatarias solo a 25 personas.
El pedido de informe es acompañado por más de 20 diputadas y diputados: Claudia Najul, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Alicia Fregonesi, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Mariana Stilman, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Ximena García, Jorge Enríquez, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipollini, Soledad Carrizo, Jimena La Torre, José Cano, Ricardo Buryaile, Alberto Asseff, Lidia Ascarate, Pablo Torello, Aida Ayala, Sofía Brambilla, Alfredo Schiavoni y Martín Grande.
