En el marco de la intervención que rige desde el 21 de diciembre en la Agencia Federal de Inteligencia, el gobierno de Alberto Fernández impuso un límite a las actuaciones del organismo en la Justicia Federal. De acuerdo a una resolución de la interventora Cristina Caamaño, a partir de ahora los agentes sólo podrán abocarse “al estricto cumplimiento de las funciones promordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal”.
A través de un documento que será publicado en el Boletín Oficial próximamente, la directora dispone que ningún organismo de inteligencia podrá intervenir en investigaciones criminales a no ser que sea requerido por un juez. La medida, de todas formas, exhorta también a los jueces de todo el país a que apliquen “de forma restrictiva” su facultad de reclamar la intervención de la AFI en investigaciones judiciales.
“Resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AFI y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias estas ademas propias de otros organismos estatales”, subrayó Caamaño en la Resolución Nº 17/20, con fecha del 13 de enero. La funcionaria resaltó dentró de las “materias propias de esta AFI” al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, entre otros.
El texto puntualiza que “los medios técnicos y humanos” de la AFI tendrán que ocuparse “al estricto cumplimiento de las funciones promordiales de produccion de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal”. Del mismo modo, pide a los jueces de todo el país que se resistan a apelar a la AFI “en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción”, aclarando que esas tareas son en realidad “propias de otros organismos estatales”.
El camino que el presidente tenía marcado para la AFI, tras los casos judiciales que develaron el accionar de los servicios de inteligencia en el armado de causas, quedó claró el día mismo de su asunción. Ese día prometió acabar con “la marcha ominosa” que provocó una crisis de credibilidad en las instituciones.
Luego, al definir las pautas de la intervención de 180 días, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero nombró específicamente al caso del falso abogado Marcelo D`Alessio para ejemplificar la situación. “Es bastante elocuente de cómo los servicios de inteligencia operaron todo este tiempo en el país para el armado de causas y persecución”, enfatizó al respecto. En ese momento, explicó que esa es una relación que el gobierno quería estudiar “sin prejuicios pero a fondo, porque entendemos que es nuestro deber”, agregó en la conferencia de prensa por la designación de Caamaño.