La Casa Rosada quiere hacer los últimos sondeos políticos con el arco opositor –desde el kirchnerismo hasta los aliados naturales de Pro y la UCR- para ver si hay chance de generar consensos en torno a los dos temas que son de mayor interés del Gobierno: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y el proyecto de reforma política que incluye la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
En caso de que esos temas “prendan”, el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en febrero. En la Casa Rosada hablan de enero como “el mes del changüí” para hacer un último intento con los proyectos que La Libertad Avanza todavía no pudo avanzar. Después de la Ley Bases, de hecho, el Poder Ejecutivo no pudo prosperar con otros proyectos.
Ads by
Lijo y García-Mansilla necesitan dos tercios de los presentes en el Senado para obtener acuerdo para ingresar a la Corte. Desde el 29 de diciembre, que se jubiló Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal está funcionando con tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es decir que si en un fallo los tres no se ponen de acuerdo, deben convocar a un conjuez (el presidente de una Cámara Federal que se elige por sorteo) para dirimir la cuestión.
Para juntar los votos en la Cámara alta, la Casa Rosada se ve compelido a negociar con Unión por la Patria, que tiene 34 legisladores y ahora está más fortalecido porque quedó a tres votos del quorum propio. Es un escenario incómodo para el Gobierno, que quedó con todos los reflectores encima luego de quitarle apoyo al proyecto de “ficha limpia” que podía complicar a Cristina Kirchner. En ese momento, los aliados pusieron una lupa sobre un eventual “pacto con el kirchnerismo”.
Sin embargo, en diciembre los laderos de Milei rompieron el “tabú”. Y reanudaron las negociaciones con el kirchnerismo aprovechando la feria judicial, para ver si es posible juntar los votos (y acordar las ausencias en el recinto) antes de febrero. El Presidente confía en su estratega, Santiago Caputo, para operativizar los pormenores políticos y comunicacionales del tema. El asesor presidencial, a su vez, tiene como mano derecha para los asuntos tribunalicios al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
En la otra terminal, la del Instituto Patria, los interlocutores serían el senador Eduardo “Wado” De Pedro y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Son las dos espadas judiciales históricas de Cristina Kirchner. La expresidenta no está dispuesta a sentarse ella misma en una mesa de ese calibre.
Con la llegada de las fiestas, las charlas informarles se interrumpieron por unos días. “Creemos que podemos llegar a buen puerto. Lo que tenemos que definir nosotros es si convocamos a extraordinarias. O si, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, tenemos que apelar al decreto para las designaciones en la Corte”, dijo a LA NACION un importante funcionario en las primeras horas de 2025.
“Si vamos a extraordinarias, hablaremos con la oposición nuevamente. Sino, será por decreto y el diálogo será distinto”, advirtió.
El Gobierno transmitió durante las negociaciones que aceptaría ampliar la Corte Suprema para entregarle lugares al kirchnerismo en el máximo tribunal, siempre y cuando primero aparecieran los votos para aprobar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. El kirchnerismo retrucó que aceptaba votar a Lijo, pero rechazaba a García-Mansilla e insistía con la candidatura de la senadora María de los Ángeles Sacnun, afín a Cristina.
“Nosotros no vamos a ceder a García-Mansilla”, refrendó un colaborador oficial en las primeras horas de 2025, dando a entender que no hay ninguna chance de que el Gobierno retroceda con su candidato, el más cercano a las ideas conservadoras de los libertarios.
Si esta última negociación no prospera, Milei gatillará el decreto -cuyo borrador ya está escrito en un despacho de la Casa Rosada- para nombrar a Lijo y a García-Mansilla en comisión por un año. El problema es que esa medida podría ser judicializada o boicoteada desde el Congreso (podrían tratarse los pliegos y salir rechazados).
PASO
El Gobierno también está ante la última ventana de oportunidad para impulsar su reforma política. Esto es así porque en mayo comenzará a correr el cronograma electoral, y ya no habrá márgenes operativos para un cambio electoral de fondo, como la eliminación de las PASO.
En el Gobierno creen que el escenario para tratar este tema mejoró luego de que jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, decidiera desdoblar los comicios porteños y propusiera suspender las PASO a nivel local. Luego del anuncio de su primo, Mauricio Macri dejó saber que estaría de acuerdo con quitar las primarias también a nivel país.
El peronismo, conducido por Cristina, había deliberado el tema a puertas cerradas semanas atrás. La conclusión que sacaron cerca de la expresidenta es que verían como positivo la suspensión de las primarias en los comicios de 2025.
El problema es que la gestión de Javier Milei no quiere una suspensión de las PASO, sino una derogación definitiva. El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma política a mediados de noviembre que incluye la eliminación del régimen de las PASO y propone modificaciones al régimen de financiamiento electoral (se elimina el aporte del Estado para las campañas y se suprimen los topes de los aportes privados y modificaciones en el régimen de los partidos políticos).
Así las cosas, los negociadores de la Casa Rosada tienen a enero como ultima chance para evaluar si hay consenso para insistir con el proyecto oficial de reforma electoral y convocar a extraordinarias.
“Ahora muchos van a estar de vacaciones, es probable que a partir de la segunda semana de enero se vuelva a barajar de nuevo. Y ahí podría haber una convocatoria para los últimos días del mes o para febrero”, aventuró un colaborador oficial en los últimos días de 2024.