El Gobierno nacional oficializó la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2023. Así las cosas, la gestión de Alberto Fernández culminaría su mandato sin incorporar más personal a la administración pública.
Según los datos de la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal del Ministerio de Economía, en mayo de 2018 la cantidad de empleados estatales era de 417.179 personas y en mayo de 2022 alcanzó un total de 449.362, es decir un 5,8% más.
A través del decreto 426/2022, la administración de Alberto Fernández destacó que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación aunque con una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.
Al enumerar qué tipo de contrataciones quedan congeladas, el decreto mencionó “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional; “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164” (contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); como también “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.
Otras modalidades de empleo que quedarán restringidas son “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales; al igual que “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente” y “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia” incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
▶ Excepciones del congelamiento
Además de la administración pública, donde están comprendidos ministerios y dependencias, la medida alcanza a entidades estatales y también planea llegar a empresas y fondos fiduciarios.
En detalle, se prohíben los nombramientos de planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado e indeterminado, trabajos a tiempo parcial, eventual y plazo fijo. Además congela las designaciones por prestación de servicios.
Entre las excepciones se encuentran los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Servicio Exterior de la Nación, los guardaparques, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; las universidades, los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción y en el Servicio Penitenciario Federal, y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, exceptuando al personal civil.
La designación de funcionarios también queda exceptuada, además del cumplimiento de cupos para personas trans y discapacitados.
▶ Alerta en los gremios
La principal preocupación de las organizaciones sindicales pasa por el efecto que tendrá el congelamiento de ingresos para el cumplimiento del acuerdo que sellaron con el Gobierno para el pase a planta permanente de unos 30 mil trabajadores que revisten en la categoría de contratados desde hace más de una década.
Ese entendimiento fue firmado a fines de 2020, pero según advierten desde los gremios, hasta el momento solo se concretaron 4 mil concursos para incorporar a personal de planta transitoria en la planta permanente de la administración nacional.
La inquietud sindical por el futuro del acuerdo llevó a algunos dirigentes a reclamar definiciones en los despachos de Batakis y otros funcionarios de la Casa Rosada, pero solo recibieron silencio o respuestas vagas sobre lo que acontecerá con el acuerdo.