El Gobierno presentó el lunes el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por el viaje que realizaron junto a funcionarios y empresarios presuntamente a una propiedad del magnate británico Joe Lewis, en la región de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, fue quien presentó por Mesa de Entradas el escrito.
En el texto, de 16 páginas, considera “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.
El documento sostiene además: “Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”.
El representante del Ejecutivo detalla que la Constitución Nacional de 1860 estableció que “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento”.
Los fundamentos
Al enumerar lo que se conoce sobre el viaje, del que también habrían participado el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, el escrito agrega que “una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ‘ser’ según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial”.
Ustarroz señala además: “En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir”, en relación a la información que señala que el viaje habría sido costeado por el Grupo Clarín.
Asimismo describe la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.
La Ley de Ética Pública, remarca el escrito, “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
