Luego de que el juez Andrés Gallardo sentenció que el Ejecutivo porteño incumplió la medida cautelar que le ordenaba garantizar computadoras e Internet a todos los alumnos en condición de vulnerabilidad social para que pudieran continuar con la educación a distancia en medio de la pandemia, el Gobierno porteño recusó al magistrado.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad dispuso la creación del Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas en el ámbito de su juzgado y ordenó medidas complementarias para la entrega de equipos informáticos, según informó el medio Página 12.
“La recusación es un abuso de las herramientas procesales que usa el gobierno para impedir la ejecución de una medida dictada hace un mes”, advirtió Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), una de las organizaciones amparistas.
Las medidas cautelares, solicitadas por un conjunto de ONGs (el ODC, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (Clic), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Frente Salvador Herrera, Acij) y sindicatos docentes, habían sido dictadas por Gallardo el 8 de junio pasado. En ese falle le daba al Gobierno de la Ciudad un plazo de cinco días para implementar un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de las computadoras, e instalar wifi en las villas y barrios de emergencia de la Ciudad.
Tres semanas después, el magistrado sostuvo que “el GCBA ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente en el presente amparo colectivo”. Y remarcó que “en lugar de dar cuenta de la entrega efectiva de dispositivos informáticos a los alumnos… se concentró en reiterar conceptos ya vertidos al cuestionar la medida cautelar, relativos a la supuesta continuidad pedagógica y a las virtudes del material impreso (cuadernillos) que se habría entregado a los alumnos y alumnas, sin dar respuesta concreta a los reclamos formulados por los amparistas”.
Ante el incumplimiento, dispuso la creación del Registro y encomendó a las organizaciones y entidades presentadas en carácter de coactores, que “actúen como intermediarios en la recepción y elevación al Registro de las solicitudes de entrega de equipos informáticos, formuladas por miembros de la comunidad”. Tras esta decisión, por segunda vez en el proceso judicial, la administración de Larreta recusó al magistrado.
“La recusación no obstaculiza que lo que ordenó el juez se cumpla. La recusación no revoca la sentencia de Gallardo. El Registro, al que se enviaron más de cien solicitudes, está vigente, aunque ahora quedó en manos de otro tribunal”, aseguró Baldiviezo a Página 12, aunque en la práctica esto puede significar demoras en su implementación. Ante esta situación, advirtió que “no se puede equiparar, como pretende el Gobierno porteño, la continuidad pedagógica de quienes tienen internet y computadoras con quienes reciben un cuadernillo impreso”.
