El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tiene la decisión tomada. Sabe que irán a un conflicto político y judicial. Pero a pesar de eso entienden que deben hacerlo por una cuestión de autonomía y decisión política. Es la creación de una Justicia del trabajo propia que se sumará a los tribunales penales y contenciosos que ya tiene CABA.
La decisión implica quitarle competencias a la Justicia nacional del trabajo y un inevitable choque con esos tribunales. Pero también con la Justicia nacional en su conjunto, que resiste ser transferida al ámbito porteño. Así lo expuso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la propia Cámara del Trabajo en las últimas semanas cuando el gobierno de Javier Milei incluyó en su proyecto de Ley Ómnibus un artículo que instruía al Poder Ejecutivo a firmar todos los acuerdos para traspasar a la Ciudad en un plazo de tres años la Justicia nacional. Finalmente, el artículo se quitó y la discusión quedará para las sesiones ordinarias del Congreso.
La discusión viene desde la reforma de 1994 de la Constitución Nacional que le dio a CABA “un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”. La Ciudad puja por concretar su autonomía plena como Estado y poder administrar sus fuerzas de seguridad, su Justicia, el puerto y otras funciones en manos del gobierno nacional. Algunas se concretaron. Por ejemplo, con la creación de la Policía de la Ciudad. En materia judicial se fijaron convenios de traspaso de los tribunales nacionales que están en Buenos Aires. Así, en materia penal se transfirieron algunos delitos y se creó el fuero contencioso, administrativo y tributario.
Desde que Mauricio Macri fue jefe de Gobierno el objetivo era concretar lo mismo con la Justicia laboral. Su primo, Jorge Macri, buscará ahora lograrlo. No es casual que se priorice la justicia del trabajo cuando hay otras como la civil, la de familia o la comercial que también podrían ser parte de la ciudad.
La Ciudad tiene dos vías para avanzar en su plan. Una es firmar con el gobierno nacional los acuerdos de transferencias, tal como establecía el proyecto que se envió al Congreso. “Pero es la más difícil. No vemos al gobierno en esa línea”, dicen. Lo plantean porque retiraron del proyecto ómnibus la ratificación del traspaso.
A eso se suma que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dijo a principios de diciembre en su primer encuentro con la AMFJN que si bien el traspaso era algo inevitable, no será inmediato, sino para una última etapa del gobierno de Milei.
Así, el Gobierno porteño irá por la creación de su propia Justicia laboral. La idea es compartir la jurisdicción con la Justicia nacional. Así, la Ciudad tendría potestad para conflictos individuales, como por ejemplo el despido de un empleado. Y la nacional del trabajo para los reclamos colectivos, como los que pueden hacer un gremio en su conjunto o cuando se planteen reclamos contra la ley de asociaciones sindicales. También el reclamo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno que la Confederación General del Trabajo (CGT) planteó contra sus reformas laborales tramitaría en la justicia nacional.
Ese es el objetivo de los proyectos que se están redactando.
En la Ciudad creen que con esa división las objeciones no serían tan resonantes como con el traspaso total. Pero críticas habrá y no descartan que el tema sea judicializado y termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí confían que le darán la razón. El máximo tribunal tiene distintos fallos en los que avaló la autonomía de la Ciudad y el traspaso de la Justicia nacional.
El Gobierno porteño también cuenta con una partida presupuestaria de 580 millones de pesos para su Justicia laboral. Así consta en el presupuesto del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Pero saben que de concretarse la creación -deben contar con la aprobación en la Legislatura- la puesta en marcha no será inmediata. Se necesita crear la estructura, hacer los concursos para designar jueces y fiscales, contratar personal y sancionar un código del trabajo.
“La decisión está tomada”, dicen en la Ciudad y saben que eso implicará una discusión con los tribunales nacionales.
