Pese a que en las últimas horas había circulado una versión sobre una eventual modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), desde el Gobierno lo desmintieron y ratificaron su tratamiento en el marco del nuevo proyecto de la Ley Ómnibus. De esta forma, pospusieron su definición hasta abril, cuando la normativa comenzaría a debatirse en comisiones.
Así lo afirmó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada aseguró que “por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa”, ya que “el debate debe darse entre todos los sectores”. Además, puntualizó que cualquier esquema “que se ponga sobre la mesa va a contemplar efectivamente que no se siga perdiendo poder adquisitivo” frente a la inflación, como ocurrió “en los últimos 20, 25 años”.
“No nos olvidemos que la ley de movilidad jubilatoria, más allá de que en Argentina ha sido manoseada sistemáticamente y se ha modificado en reiteradas oportunidades, lo cierto es que estamos hablando de cuestiones que van a regir la vida de aquellos jubilados durante 15, 20 o 30 años”, señaló el funcionario.
Sin embargo, detalló que “el 60% del presupuesto nacional, o tal vez un poco menos, está destinado al pago de haberes jubilatorios, de pensiones, etcétera”, por lo que advirtió: “Es un tema extremadamente delicado, donde siempre va a estar dentro del marco de la restricción presupuestaria y del equilibrio fiscal, que para nosotros es innegociable ante cualquier situación”.
En este sentido, reiteró que el esquema que se defina seguirá “todas esas lógicas: que no perjudique al jubilado, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores”. La jubilación mínima alcanza actualmente los $134.445 y, si se suma el bono de $70.000 otorgado este mes por el Gobierno, llega a $204.445 brutos.
La iniciativa presentada por la Coalición Cívica preveía que, a partir de abril, los aumentos de haberes se actualizaran todos los meses de manera automática de acuerdo a la inflación, es decir, según la variación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La confirmación de Espert
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, y recientemente integrado en las fuerzas de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert explicó: “Vamos a esperar a que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso su nueva versión de la Ley de Bases, donde estaría incluido el capítulo referido a la nueva fórmula previsional. Eso será después de Semana Santa. No podemos empezar la discusión sobre la nueva fórmula sin contar previamente con el proyecto oficial”.
De esta manera, si el proyecto avanzara sin contratiempos y con un progreso constante tanto en la cámara baja como en la alta, no sería sino hasta finales de abril o mayo cuando los adultos mayores podrían experimentar un cambio perceptible en este aspecto y, por consecuencia, en sus bolsillos, tan golpeados por la presión inflacionaria, principalmente en materia de alimentos y salud.
Los jubilados fueron los más golpeados por el ajuste
Los haberes fueron los más afectados por la ‘poda’ llevada adelante por el gobierno de Milei, como parte de su “plan de shock”, teniendo nada menos que el 43% de participación en la reducción interanual real del gasto primario de la Administración Nacional durante el primer bimestre, tal y como reflejó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Y mientras el presidente aseguró que son el grupo etario con menor porcentaje de pobreza, durante febrero, y según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el ajuste a los jubilados y pensionados alcanzó el 33,9%. Esto se explica, principalmente, por la licuación de sus ingresos, aunque también por la fórmula actual.
“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad (que toma como referencia períodos anteriores asociados a recaudación de ANSES y salarios), como así también por la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, argumentó el informe del organismo.
En el medio, otro aspecto que sufrió un duro golpe, y que tiene relación con el día a día de los ancianos, fue la prestación del Estado Nacional al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, mejor conocido como el PAMI, con una brusca reducción del 41,1%. Esto último, en medio de fuertes incrementos en los medicamentos y, a su vez, de las prepagas, lo que lleva a muchas personas a tener que abandonar el sistema privado para ir al público.
