El gobierno de Javier Milei se prepara para enviar al Congreso de la Nación la llamada “Ley Hojarasca”, un paquete de desregulaciones impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según el oficialismo, la iniciativa busca derogar 75 leyes que quedaron obsoletas y representan trabas para el desarrollo económico del país.
Desregulación y ‘modernización’
La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia de LLA, orientada a la liberalización de diversas áreas de la economía. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, las leyes en cuestión incluyen normativas establecidas durante el siglo XIX y otras creadas en gobiernos militares, las cuales, no se ajustan a las necesidades actuales del mercado. En tanto, Sturzenegger consideró que “no hay que tenerle miedo al exceso de desregulación, siempre se puede corregir”.
Uno de los objetivos principales de la Ley Hojarasca es reducir el aparato burocrático estatal y así ‘facilitar’ la inversión privada y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. “Sueño que las pymes emitan acciones, que no se financien con deuda”, expresó el ministro. De esta manera, se refirió a la necesidad que tiene el sector productivo de acceder a herramientas financieras que permitan su expansión sin recurrir al endeudamiento. Este enfoque forma parte de un conjunto de medidas destinadas a promover un entorno económico más dinámico y competitivo.
El impacto en el transporte y otros sectores
En paralelo a la elaboración de la Ley Hojarasca, el Gobierno ya implementó otras medidas en su agenda desregulatoria, como la del transporte automotor de larga y mediana distancia que fue oficializada este lunes y que les permite a las empresas del sector definir libremente recorridos, horarios y tarifas. Esta norma, que también incluye la creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, busca modernizar el sector y fomentar la competencia, con el objetivo de mejorar los servicios y beneficiar a los usuarios.
Asimismo, mientras Sturzenegger defiende la eliminación de las normativas, varios sectores de la oposición y expertos en el tema advierten sobre los riesgos que puede implicar una desregulación acelerada. “Una regulación en el buen sentido trata de minimizar los riesgos”, afirmó el ministro. Aunque también subrayó que “hay que ponderar el riesgo que minimiza con los costos que genera esa regulación”.
Las críticas no tardaron en surgir, especialmente en relación con la seguridad en el transporte de pasajeros y a la liberalización de ciertos mercados. No obstante, desde el oficialismo sostienen que las leyes a eliminar no tienen un gran impacto en la economía actual, y que esa medida simplificará los procesos administrativos para empresas e inversores. “Cuando estamos en este proceso de diseñar las regulaciones, tenemos que preguntarnos no sobre lo que la regulación hace, sino sobre lo que la regulación destruye”, advirtió Sturzenegger.
¿Cuándo comenzará a tratarse en el Congreso?
Si bien el contenido exacto de la Ley Hojarasca aún no fue revelado en su totalidad, el objetivo del Gobierno es que el proyecto se debata antes de fin de año, en línea con las reformas estructurales que la administración de Milei impulsó desde su llegada al poder.
Entre las leyes que podrían ser derogadas se incluyen normativas tan variadas como la Ley 25.542, que establece un precio uniforme de venta al público para los libros, y la Ley 25.715, conocida como la “Ley de Azúcar”, que regula los aranceles para la importación de ese producto. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de leyes que, según LLA, dejaron de tener relevancia práctica en la actualidad.
Además de la derogación, la Ley Hojarasca podría incluir otras medidas de desregulación económica, como la habilitación para la reventa de entradas a eventos deportivos y la flexibilización del régimen de importaciones. Según trascendió, también se contempla la eliminación de fideicomisos estatales, como el que financia las Becas Progresar, un programa clave de asistencia estudiantil.
