En una medida que busca tranquilizar a los mercados, en el día en el que el dólar ilegal cruzó la barrera de los diez pesos y hasta se habló de un nuevo “corralito”, la plana mayor del área económica del Gobierno nacional anunció este martes en conferencia de prensa la implementación de un plan de blanqueo de capitales con el que esperan facilitar el regreso al país de alrededor de 150 mil millones de dólares no declarados que están fuera del país, en cajas de seguridad o “debajo del colchón”, como definió el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
En la mesa se sentaron Lorenzino; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
“Apuntamos a quienes tengan ahorros en dólares sin declarar, tanto en cajas de seguridad, debajo del colchón o en paraísos fiscales, para que inviertan en estos dos instrumentos que anunciamos para transformar estos ahorros en nuevas inversiones que sirvan para crear nuevos empleos, más consumo y siga consolidando este modelo que beneficie a todos”, expresó Lorenzino.
El plan propondrá a los tenedores de divisas la adquisición en el Banco Central de dos tipos de bonos: los Certificados de Depósitos para el Sector Inmobiliario (CEDIN) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BOADE). El primero servirá para invertir en el sector inmobiliario y el segundo, estará destinado al sector energético. Ambos cotizarán en el Mercado de Capitales.
Los bonos serán presentados en láminas de 100, 1000 y 10 mil dólares, tendrán un rendimiento del cuatro por ciento semestral -en dólares- y vencerán en 2016, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya esté fuera de la Casa Rosada.
El tenedor del bono tendrá la ventaja de que su dinero no podrá ser negociado por el Banco Central, además de que no será sancionado por no haber blanqueado sus divisas, euros y reales. El proyecto de ley que regula el blanqueo entrará por el Senado en los próximos días. Una vez que se sancione la norma, los interesados tendrán tres meses para acogerse al sistema.
El ministro explicó que los bonos “otorgan un estímulo para un sector ocioso no declarado para ser transformados en nuevas inversiones e incorporarlas al sector productivo”.
Al ser interrogado sobre los empresarios o particulares que están impedidos de ingresar al sistema, el titular de la AFIP contestó que están impedidos de hacerlo los que estén procesados y luego nombró expresamente a Lázaro Báez; a Héctor Magnetto; a Leo Fariña; a José Antonio Aranda; a Lucio Pagliaro; al HSBC; a Pablo Lunatti; a Francisco de Narváez; a Eduardo Eurnekian; a Ricardo Fort y a Molinos Río de la Plata.
Echegaray explicó que las divisas no declaradas que sean volcadas a estos instrumentos, estarán “eximidas del pago de todos los impuestos” y serán “liberados de sanciones por la Ley Penal Tributaria y la Ley Penal Cambiaria”. Sus titulares no deberán presentar este año declaraciones juradas rectificatorias.
Marcó del Pont manifestó que el ente monetario que preside será el encargado de emitir los certificado de depósitos en dólares. “El objetivo de este certificado es captar recursos ociosos en moneda extranjera que tienen las personas físicas y jurídicas en nuestro país y canalizar esas tenencias exteriorizadas, transformadas en ahorro hacia la inversión en construcción y en el mercado inmobiliario”, sostuvo Marcó del Pont.
Por su parte, Kicillof, sostuvo que “la economía argentina ha sufrido ataques especulativos”, que desde 2007 estuvieron asociados con diversos hechos políticos, que desembocaron en campañas “en las que empujaron a la gente a comprar dólares”. El viceministro agregó que desde entonces hay sectores que trabajaron sin éxito para que estos ataques especulativos terminaran en “una megadevaluación”.
“Las devaluaciones en la historia argentina generaron la tendencia a resguardarse en dólares”, explicó, rematando con que cada vez que se tomaban medidas devaluatorias comenzaba “un proceso inflacionario, con sus consecuencias negativas en el producto bruto”, finalizó.
