El Gobierno dispuso por decreto la extensión del período de sesiones extraordinarias hasta mediados de febrero e incluyó el temario a tratar por los legisladores nacionales dentro del nuevo plazo establecido. La iniciativa forma parte del “principio de acuerdo” logrado con la oposición considerada “dialoguista” para acelerar la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara baja.
En la prórroga firmada por el presidente Javier Milei se amplió el temario y se incluyeron tres proyectos.
El primero es el que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos durante el mes de abril de 2024.
El segundo es el proyecto de ley por el que se sustituye el Capítulo II –Defensa Nacional- del Título IV –Seguridad y Defensa- del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023.
El último se refiere a una modificatoria del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Msje. 28/2022 Exp. Senado 3-CD-2023).
La extensión de las extraordinarias muestra que el Gobierno ya abandonó la idea de aprobar el proyecto en el plazo vigente de sesiones, hasta el 31 de enero.
Entre las condiciones “imprescindibles” que planteó la oposición esta semana para acompañar el dictamen del oficialismo, se encuentra la reducción de 2 a 1 año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, con una mayor restricción además de las emergencias declaradas, y la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).
También se habría acordado que YPF no estará en el listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, y el pase a archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.
Asimismo, miembros de la oposición le habían pedido al Gobierno que acepte acotar la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto tanto Francos como Caputo no dieron el brazo a torcer y dejaron en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
