Tras anunciar el traspaso de Edesur y Edenor a la órbita de los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, Mauricio Macri habilitó a su ministro de Energía, Javier Iguacel, para que presente esta semana los nuevos aumentos tarifarios que seguirán pagando los consumidores.
El sucesor de Juan José Aranguren anunciará un nuevo esquema tarifario para la energía, que incluye aumentos que rondarán entre el 25 y el 30 por ciento, según las fuentes ministeriales consultadas, que no descartan que haya un aumento diferencial para los comercios.
De todos modos, hay quienes especulan con aumentos que llegarán al 40 por ciento para las zonas residenciales, por la reciente escalada en los precios mayoristas, que alcanzaron ese techo. Macri cumple así con lo prometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la reducción gradual de los subsidios, aunque, más allá del traspaso, las medidas seguirán impactando en el bolsillo de los usuarios y no sobre la ganancia de las prestadoras, algunas de ellas muy vinculadas con el entorno presidencial, como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, muy amigo del primer mandatario y uno de los que levantó la voz contra la oposición por el proyecto que congelaba los aumentos y que el Presidente eligió descartar con un veto presidencial.
Hace unas semanas anticipábamos que la Casa Rosada estaba evaluando concretar el traspaso y finalmente Macri decidió anunciarlo en su nuevo contacto con el periodismo. Tras la conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, que en el Gobierno consideraron superada con éxito, Macri repitió el ejercicio pero con medios del interior. Fue durante su visita a Córdoba, donde anunció en diálogo con Cadena 3 el traspaso de las empresas energéticas a la órbita de los distritos de Rodríguez Larreta y Vidal, constituidos hoy en dos pilares fundamentales de la mesa chica de Macri.
El anuncio lo realizó justo en una provincia que no paga tarifas subsidiadas y que rechaza los aportes a los usuarios bonaerenses y porteños, porque los considera un síntoma de la desigualdad en el reparto de los fondos públicos, en momentos en los que se negocia un ajuste en el Presupuesto del próximo año. El gobernador Juan Schiaretti se convirtió en uno de los abanderados de esta decisión. Él mismo, incluso, se animó a pedírselo a Macri en la cara durante una reunión privada en la Casa de Gobierno.
“Es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila”, sostuvo Macri al realizar el anuncio, y agregó: “Hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que reciben la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto que por política del gobierno kirchnerista había un gran desfase, y es por eso que las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior, para que se reconozca el verdadero valor de la energía”.
El Presidente prometió, además, una política energética exportadora, que permitiría una reducción gradual de las tarifas en el mediano plazo. Los libretos no se manchan y Macri sigue repitiendo que el gobierno anterior “nos había hecho creer que todo era regalado, que la energía era gratis, y la realidad es que se llevaron todas las reservas del Banco Central”. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para volver a entender que la energía siempre fue cara”, señaló, al tiempo que volvía a agitar el fantasma caribeño: “Nos llevaba a una situación catastrófica como es la de Venezuela, que no tiene energía ni agua potable. Lo que están sufriendo los venezolanos es terrible”, acotó.
El Gobierno se muere de ganas de confrontar con el kirchnerismo, pero la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue sin hablar públicamente, aunque ahora se supo que deberá presentarse en Comodoro Py para una declaración a indagatoria, en una causa que sacude tanto al kirchnerismo como al macrismo.
Esta semana, la Justicia federal, o, mejor dicho, el juez federal Claudio Bonadio, ordenó detener a empresarios y funcionarios involucrados en una presunta asociación ilícita que se dedicaba al reparto de coimas y de supuestos fondos provenientes de la obra pública. Citó a indagatoria en esa causa a Cristina y a otros exfuncionarios, como Oscar Parrilli y Julio de Vido.
Entre los recientes detenidos aparecen, entre otros, Roberto Baratta, el ladero de De Vido en el Ministerio de Planificación, y otros funcionarios de la cartera, pero también representantes del sector privado, como Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa, la empresa constructora que Mauricio Macri y sus hermanos le vendieron a su primo Ángelo Calcaterra, sospechada de haber abonado esas coimas para quedarse con licitaciones públicas.
Con Bonadio todo es posible, solo habrá que ver si el hilo se corta por lo más delgado o si decide ir a fondo con la familia presidencial. Cada uno intentará sacar el mayor rédito posible, pero la causa también pone en jaque el discurso de transparencia y cambio que abandera Cambiemos, hoy también comprometido por otra investigación, primero periodística y ahora judicial, sobre los aportantes truchos de campaña, que día tras día sigue sumando nuevos capítulos.
La respuesta a todo eso desde la Casa Rosada es recrudecer el discurso contra la inseguridad y el narcotráfico, en sintonía con la reforma de las Fuerzas Armadas y la discusión de un nuevo Código Penal, que además pondrá en el centro del debate público otros reclamos, como la despenalización de la marihuana, que el Gobierno estaría dispuesto a habilitar, como lo hiciera con la discusión por la legalización del aborto, interpelando favorablemente a sectores progresistas que no simpatizan con la idiosincrasia del votante de núcleo duro de Cambiemos. A estos, el Gobierno ahora intenta recuperar con anuncios como el la reforma militar, que esta semana sumó un nuevo capítulo con la participación de Macri en la cena anual de camaradería, en la que ratificó la reforma anunciada una semana atrás y publicada recientemente en el Boletín Oficial. Además, prometió mejoras salariales para todo el personal militar. Su visita incluyó un recordatorio a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, al referirse a esa pérdida como “un dolor que llevamos todos los argentinos en nuestro corazón” y una acérrima defensa a la gobernanza por decreto y sin intervención parlamentaria.
El primer mandatario les respondió a los legisladores nacionales de la oposición, pero también a los organismos de derechos humanos y movimientos sociales que sospechan que el Gobierno quiere emplear a los militares en cuestiones de seguridad interior para contener la protesta social derivada de la etapa del ajuste y el plan económico tutelado por madame Lagarde.
“Nos acusan de vulnerar los consensos de la democracia en defensa. No es así. Los invitamos a debatir, a dejar de lado los doble discursos y a sumar a un trabajo conjunto, porque estas son las Fuerzas Armadas de todos los argentinos”, aseguró.
“Nosotros tenemos la centralidad porque somos los que gobernamos”, graficó en la Casa Rosada un funcionario que ocupa un despacho en el ala presidencial. El Gobierno quiere correrse del escenario de crisis y retomar el tono que más cómodo le sienta: el del cambio y la esperanza por el futuro. Tras volver de Sudáfrica, donde participó como invitado de la cumbre del Brics y mantuvo encuentros bilaterales con el ruso Vladímir Putin y con el chino Xi Jinping, Macri acompañó anuncios del sector privado. Así, estuvo en la fábrica Nissan en Córdoba y hasta volvió a ponerse el traje del feminista menos pensado: esta semana, encabezó el anuncio de un plan anual contra la trata de personas, mientras en el Senado se consolida el rechazo al proyecto de legalización del aborto, que tuvo su media sanción histórica en Diputados.
“Las consecuencias de la trata y explotación son todavía peores cuando hay un Estado que, en lugar de actuar, mira para el otro lado. Gobernar es cuidar, es estar al servicio de los argentinos, estar cerca, escuchar sus necesidades”, fueron las palabras del mandatario, al encabezar el acto en el pomposo Salón Blanco de la Casa Rosada, ese lugar de privilegio al que acceden los funcionarios y los periodistas acreditados en los actos oficiales y también los espías como Juan Illescas, el supuesto movilero de una radio entrerriana que deambulaba por los pasillos de la Rosada pero desempeñaba tareas para dos empresas privadas de seguridad.
Pese a tener una orden de detención por robo de ganado, Illescas había sido habilitado para seguir de cerca la actividad presidencial y de los periodistas acreditados, por supuesto, que convivíamos con él.
Su detención puso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada en el centro de la atención mediática, ya sacudida anteriormente por los despidos en la agencia de noticias Télam. Las respuestas oficiales sobre cómo la Casa Militar, a cargo de la seguridad presidencial, se pasó por alto el ingreso de alguien que era buscado por la Justicia a nivel internacional son insuficientes. ¿Para quién trabajaba el confianzudo Illescas? ¿Espiaba al periodismo? ¿Por orden de quién? Quizás hubo una falla en aquello de que gobernar es cuidar.
