El entendimiento entre el Gobierno y la oposición dialoguista para ocupar las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó obsoleto. Tras una serie de tironeos con el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto por el reparto de lugares en comisiones de peso –como la Bicameral de Inteligencia–, la Casa Rosada revisó el acuerdo que incluía a Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), por el que les cedía dos de las tres bancas en juego.
A riesgo de poner en jaque los acuerdos parlamentarios que le permitieron sortear su rotunda minoría en el Congreso, el oficialismo anticipa que pretende tener un representante en el órgano de control que, entre otras cuestiones de peso, supervisará las operaciones de endeudamiento y el proceso de privatizaciones de las empresas públicas.
Este organismo está integrado por siete miembros: tres representantes por el Senado, tres por la Cámara de Diputados –hoy vacantes– y la presidencia que, como establece la Constitución Nacional, le corresponde a la principal fuerza opositora al gobierno de turno. Ese lugar hoy está en manos de Juan Manuel Olmos, referente del Partido Justicialista (PJ) porteño, exvicejefe de gabinete de Alberto Fernández y un hombre que, con juego propio y contactos fluidos con todo el peronismo, se aseguró este lugar el año pasado, tras un acuerdo entre Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Si bien la Constitución también manda a sancionar una ley que reglamente el modo en que deben elegirse los auditores, esta norma no existe. Por ende, los criterios de integración varían según las conveniencias de cada espacio. Por caso, el bloque kirchnerista de la Cámara baja más que duplica al resto y toma esta superioridad numérica como el argumento para reclamar dos lugares. El oficialismo y el resto de la oposición dialoguista, no obstante, apuntan a concederle solo una banca: están dispuestos a respetar la distribución de fuerzas en el parlamento, pero consideran que la terna de candidatos surgirá de un acuerdo político.
Sobre la base de este entendimiento, los libertarios habían accedido a ceder su lugar como segunda minoría en favor de Pro y la UCR, aunque condicionado al acompañamiento de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Fue un consenso entre oficialismo y los dialoguistas, que propusieron al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca, y al exdiputado radical Mario Negri, ambos respaldados por el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF). Para coronar el acuerdo, el jefe de HCF, Miguel Ángel Pichetto, podría desembarcar en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que recibe los informes de la AGN.
La ruptura
Este pacto se rompió la semana pasada, después de una serie de contrapuntos públicos entre los dialoguistas y referentes del Gobierno. HCF reclamó al oficialismo un lugar en la Comisión Bicameral de Inteligencia y acusó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de no cumplir con su palabra. Esto desencadenó una seguidilla de reuniones para desactivar una guerra, pero la tirantez se instaló. “No confiamos en ellos”, deslizaron a este medio desde la presidencia de Diputados, molestos ante la aparición de notas periodísticas críticas de Menem, a las que consideraron “una operación”.
Los libertarios repiten que “el lugar de Triaca no está en duda”. Sin embargo, volvieron sobre sus pasos respecto del entendimiento con la UCR y HCF, y el nombre de Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario, reapareció. Fue el primer candidato que el Gobierno evaluó para la AGN, pero que se diluyó ante la necesidad de sumar voluntades en el Congreso. Su postulación generó polémica: como abogado enfrentó acusaciones por plantar testigos falsos contra el juez Sebastián Casanello (por las que fue sobreseído) y, además, representó a uno de los hijos de Lázaro Báez en las causas por lavado de dinero.
La mesa chica del Presidente no solo no termina de confiar en los dialoguistas sino que, además, cayó en la cuenta de la importancia de tener un pie en el órgano de control. Será un desafío mayúsculo para el Gobierno: deberá llegar a un acuerdo político con estos bloques, que ya anticiparon a este medio que no están dispuestos a dar un paso al costado. La AGN es un destino codiciado no solo por su rol de contralor del sector público, sino porque los mandatos de los auditores duran ocho años, con un salario que hoy ronda los $5 millones.
La última palabra la tendrá el pleno del recinto, donde se ratificarán –o rechazarán– las ternas propuestas. Cerca de Negri aseguran que su postulación es apoyada por 22 radicales, los 31 integrantes del amplio espacio de Pichetto y el kirchnerismo. Si bien en la UCR y HCF ratifican su acompañamiento al exlegislador cordobés, en Unión por la Patria (UP) se resisten a tomar partido en una disputa ajena.
En el organismo de control, el Gobierno no contará con mayoría propia. Además de Olmos, el PJ cuenta con otros dos miembros: los auditores Javier Fernández y Graciela De la Rosa, que representan al Senado y cuyos mandatos vencen recién en dos años. El radical Alejandro Nieva es el tercer representante de la Cámara alta. Resta ahora que la Cámara de Diputados designe a los tres miembros que reemplazarán a los peronistas Santiago Mihura Estrada (cercano a Massa) y Juan Forlón (La Cámpora), y al radical Jesús Rodríguez, expresidente de la AGN.
Los nombres que barajan en el peronismo son muchos. Guillermo Michel, extitular de la Aduana, es el candidato del massismo. Lo apoyan muchos referentes provinciales que pretenden hacerle frente a la avanzada camporista, que impulsa a Forlón, exdirector del Banco Nación y amigo de Máximo Kirchner, en el consejo de auditores. Con menor intensidad, también surgieron los nombres del exgobernador del Chaco Jorge “Coqui” Capitanich; el exsenador riojano Jorge Yoma; y el exjuez de la Corte de Santiago del Estero Carlos Lugones.