El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, criticó el duro informe de Human Rights Watch y lo calificó de “inconsistente” y “parcial”. La organización con sede en Washington había hablado en su informe anual que el ataque del Poder Ejecutivo argentino hacia la Justicia “socava el Estado de Derecho”.
Pietragalla detalló las a su criterio “inconsistencias” del informe, producto de “falta de información suficiente” y “miradas parciales”. Combinó su defensa del Gobierno con ataques a la oposición, a tono con la retórica oficialista.
El funcionario nacional explicó: “No desconocemos la crisis institucional que atraviesa Argentina en materia judicial y que implica un escenario complicado para avanzar en derechos humanos. El Estado de Derecho no se socava cuando se recurre a mecanismos previstos en la propia Constitución Nacional para recuperar la legitimidad perdida de la Corte Suprema”.
En ese marco, Pietragalla manifestó: “El Estado de Derecho se socava cuando se designan jueces por decreto, cuando se inventan causas para desplazar a la Procuradora General, cuando se establece la práctica del lawfare contra un sector político, cuando se hostiga a jueces que dictan sentencias a favor de los más vulnerables, cuando se recurre a agentes de inteligencia para espiar a opositores políticos, presos y abogados”.
Además sostuvo: “Lamentamos que HRW haya permanecido en silencio frente a tales atropellos reconocidos por el Relator de Independencia Judicial de la ONU”.
“El Estado de Derecho se socava cuando un grupo de jueces recibe dádivas de un grupo empresario poderoso sobre el que deben resolver causas, y eso no es investigado y sancionado por los mecanismos institucionales establecidos, como el Consejo de la Magistratura, por decisión del Presidente de la Corte Suprema. El Estado de Derecho se socava cuando la Justicia no investiga seriamente quiénes financiaron el atentado a la vicepresidenta”, continuó.
También indicó: “El Estado de Derecho se socava cuando la Justicia es cooptada por grupos económicos y mediáticos concentrados que, utilizando prácticas violatorias de derechos humanos, obstaculizan políticas de ampliación de derechos y se mantienen en absoluta impunidad. La Corte Suprema del “2×1″ a genocidas, lamentablemente, perdió su legitimidad y eso impide el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos”.
Y concluyó: “El mecanismo del juicio político es un mecanismo constitucional y democrático y es el que permitió, por ejemplo, reemplazar a la Corte menemista en 2003, una medida que incluso fue aplaudida por HRW. Nuestro gobierno justamente pretende reestablecer el principio de independencia judicial y recuperar la legitimidad de uno de los tres poderes del Estado. Por eso a 40 años de la vuelta de nuestra democracia seguiremos apostando a su fortalecimiento, en Argentina y la región”.
El Estado de Derecho se socava cuando la justicia es cooptada por grupos económicos y mediáticos concentrados que, utilizando prácticas violatorias de derechos humanos, obstaculizan políticas de ampliación de derechos y se mantienen en absoluta impunidad.
— Horacio Pietragalla Corti⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) January 12, 2023
Qué había dicho Human Rights Watch
En su informe, difundido este jueves, HRW expresó una posición crítica sobre el accionar del Gobierno.
“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de Derecho”, señaló el informe, que aparece en medio del intento del Frente de Todos de promover el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.
Cabe recordar que el oficialismo profundizó los ataques contra los jueces, en especial desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la llamada “causa Vialidad”.
El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Tamara Taraciuk Broner, de HRW.
Y advirtió: “Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”.