La deuda externa argentina es como una pesadilla recurrente, de esas que torturan a los sufrientes. Alguien sale a mendigar un dolarcito y otro se lo presta, bajo ciertas condiciones. Luego, ese alguien trae la factura. El que mendigó ya no está (ése es el acuerdo), pero el que lo sucedió en la Casa Rosada es el que debe aceptar la deuda, ya multiplicada por varios ceros y sus consecuencias, sin beneficio de inventario. Si paga sin chistar, se vuelve cómplice de su antecesor, el mendicante. Si salda la cifra y se saca de encima al lujurioso acreedor, en cambio, se vuelve objeto de los más bajos instintos de ciertos operadores económicos y periodísticos, que lo culparán por todos los males que Pandora diseminó por el mundo hace milenios.
Así, el mundo está lleno de presuntos “dictadores”, “autócratas”, “déspotas” y “tiranos” que sólo defendían los intereses de sus naciones frente a las garras de los verdaderos malvados, que liban caros champagnes, onerosos vinos convenientemente añejados y finos cognacs de ancianas cosechas.
Pero, aún así a veces “los justificantes” se superan y merodean el colmo. Es lo que ocurre cuando los que acuden a los mercaderes de la usura para tomar millones de dólares que no son necesarios, desatan coros acusatorios contra quienes intentaron desendeudar a sus países y enderezar sus economías, previamente retorcidas por ellos mismos. Es difícil justificar la usura, por eso se utilizan tantas creativas sutilezas, con las que se intenta explicar lo inexplicable.
Según el economista Juan Latrichano, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora, la deuda pública argentina se incrementó en una suma equivalente al 0,5 por ciento del Producto Bruto Interno en 2016; al 3,5 por ciento en 2017, para saltar al 29,4 por ciento en 2018. Pero en este último año, el déficit fiscal fue del cinco por ciento del PBI, por lo que no se condice con la toma de crédito. Entonces, algo no cuadra en aquella acusación de que “la deuda se tomó para pagar las deudas que dejó el gobierno de Cristina Kirchner”. Si a esto se le sumara la explicación de Nicolás Dujovne, de que el Gobierno del que formó parte encontró un bajo nivel de endeudamiento, tanto a nivel fiscal como privado, la falsedad se vuelve aún más evidente.
Lo único cierto aquí es que en 2021 hubo que pagar u$s5.100 millones; que en 2022 habría que pagar u$s19.115 millones; que en 2023 se deberían saldar u$s19.367 millones y en 2024 quedarían aún por abonar u$s4.900 millones más. Lo demás son sólo palabras.
¿Arreglar el desaguisado?
En este marco adverso, de plazos imposibles, el Gobierno debió negociar con el FMI un “reperfilamiento” en el pago de la deuda tomada con el organismo, que tan cordialmente legara a su país el expresidente Mauricio Macri.
La semana última, el proyecto de Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue aprobado –con muchas modificaciones- en la Cámara de Diputados, con la particularidad de que el bloque oficialista tuvo la deserción de más de 30 diputados y terminó siendo apoyado por la oposición, que aportó más votos que los que entregó el interbloque que responde al Frente de Todos.
En la votación de la cámara baja, 111 integrantes del Interbloque de Juntos por el Cambio votaron favorablemente el acuerdo, mientras que el bloque del Frente de Todos aportó 75 votos. A éstos se sumaron ocho legisladores más del Interbloque Federal; cinco del Interbloque Provincias Unidas y dos de Somos Energía para Renovar. Entre todos, sumaron 202 votos. Una amplia mayoría.
En contra votaron 28 legisladores del Frente de Todos, pertenecientes a La Cámpora, los movimientos sociales y al movimiento obrero. La izquierda aportó en el mismo sentido a sus cuatro integrantes, al igual que los cuatro libertarios de Javier Milei y José Luis Espert. Un solitario Ricardo López Murphy, cuyo monobloque Republicanos Unidos suele adherir con su voto al Interbloque de Juntos por el Cambio, se sumó al coro negativo. Hubo 13 legisladores cercanos a La Cámpora que se abstuvieron. Los disidentes fueron, en total, 50 legisladores nacionales.
En el Senado, entretanto, adonde el dictamen de Diputados llegó el viernes 11 de marzo, el trámite fue sumario. La Comisión de Presupuesto en 15 minutos ya contaba con la firma de 15 de sus 17 integrantes. Ni bien comenzó a sesionar sumaron sus firmas los dos senadores de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y Agustín Torres. El dictamen, que sería votado el jueves, fue aprobado sin discursos, de manera unánime.
Sólo las senadoras Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Ana María Ianni (Santa Cruz) firmaron “en disidencia”, aunque las fuentes dejaron saber que no obstruirán su aprobación cuando el dictamen llegue al recinto. Ambas son dos de las legisladoras más cercanas a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Más intrincada va a ser la adhesión del bloque del Frente de Todos. De sus 35 senadores, 15 no votarán afirmativamente el proyecto, entre quienes se encuentran el neuquino Oscar Parrilli, el porteño Mariano Recalde y la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Por otra parte, es necesario que el proyecto se vote lo antes posible, ya que el 22 de marzo operará un nuevo vencimiento de pago por u$s2.800 millones y es necesario un desembolso del FMI. De todos modos, para que el proyecto sea incluido en el Orden del Día en necesario que cuente con la firma de 48 senadores (dos tercios), ya que no se cumplieron aún siete días desde su aprobación.
El único escollo que frenó apenas por unos momentos la marcha del dictamen en el Senado lo ubicó la presidenta del Pro nacional y aspirante a la Presidencia en 2023, Patricia Bullrich, que advirtió que el bloque opositor no votaría favorablemente el proyecto si el Gobierno insistía con aumentar las retenciones a las “commodities” agrarias.
La exigencia fue soslayada casi desdeñosamente por algún miembro del interbloque del que forma parte su agrupación partidaria. “Bullrich vive en su propia realidad paralela”, espetó uno de ellos, casi sin detenerse ante el cronista que lo inquiría.
El proyecto sería votado casi sin problemas el jueves, a no ser que surjan dificultades de último momento, que son improbables.
La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que lidera el sector del oficialismo que se opone a la aprobación del proyecto, no presentaría obstáculos a su tránsito en la cámara alta. Lo único que podría llegar a hacer sería ceder su lugar en el estrado en el momento de la votación, permitiendo que la presidenta Provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora ocupe su lugar en ese momento.
Así, el hecho quedaría consumado.
