E Gobierno volverá esta semana a extender el plazo de negociación para alcanzar un acuerdo con los acreedores de USD 66.000 millones de deuda externa sujeta a restructuración. La decisión se dio en el marco de las reuniones que mantuvo el equipo económico con los comités de bonistas.
Cabe remarcar que las posiciones ya se habían acercado durante la semana pasada, hasta reducirse de la brecha del 50% inicial entre la oferta inicial del gobierno y las contrapropuestas iniciales de los acreedores, a menos del 15% en los intercambios posteriores, pero faltan detalles técnicos y un empujón decisorio final para que las partes coincidan y recién ahí tenga sentido para el gobierno presentar una “enmienda” ante la Securities and Exchange Commision, el regulador bursátil de los EEUU, a partir de la cual se fijará un plazo para que los bonistas adhieran o rechacen la oferta.
Hasta el viernes, las diferencias –medidas en el “Valor Presente Neto” (VPN) de las respectivas propuestas- eran de un precio de unos 46 o 47 centavos por dólar de la remozada propuesta oficial contra entre 53 y 55 centavos de las propuestas de los comités, que no son exactamente iguales, pues están diseñadas en función de las tenencias de bonos de cada uno.
Gestiones del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, ante Larry Fink, el CEO de BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo y también el hueso más duro de roer en la actual negociación, que habría aceptado reducir un poco más sus pretensiones.
Los acreedores replicaron ofreciendo un año de gracia. Y Guzmán contraofertó dos. Ese plazo, más que el VPN, que para un abogado y político es un concepto abstracto, tal vez interese más al presidente mientras su ministro diseña, intercambia y evalúa combinaciones de tasas, cupones, amortizaciones, “step ups”, “maturities”, “payments in kind” y otros términos extraños a la mayoría de los mortales.
Guzmán movilizó el mundo académico a través de su mentor, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en tanto en Washington el embajador ante la Casa Blanca, Jorge Argüello, y el director ejecutivo por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, trabajan en el frente burocrático-político, complementando a Guzmán y a emisarios como Galluccio.
Lo más claro de todo es que ambas partes tienen ganas de acordar. El gobierno, porque es consciente de que un default duro, temprano y solitario eliminaría del horizonte cualquier chance de recuperación de lo que es ya una situación económica crítica. Y los acreedores, porque un arreglo en torno de los 50 centavos de VPN (valuados a una tasa de descuento por cada dólar de deuda “vieja” les resultaría mucho más conveniente que el colapso del valor de sus papeles que implicaría un default duro y el horizonte largo e incierto de litigar ante los tribunales de Nueva York para extraer recursos de un Estado financieramente exangüe.