Está a punto de abrirse un nuevo capítulo en la novela de la persistencia del Gobierno con la Reforma Política. Las variantes que se evalúan por estos días en el Ministerio del Interior tienen que ver solamente con el marco de la presentación del proyecto, que podría ser presentado para ser tratado dentro del Período Ordinario de Sesiones de la Cámara de Senadores -se inicia el 1º de marzo- o bien se buscaría la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratarlo.
Lo más curioso es que el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio, Adrián Pérez, que sigue siendo el responsable de llevar adelante las negociaciones con la oposición, a pesar del fracaso del año pasado, adelantó que seguirán insistiendo con la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE). “Pensamos que, como cuando se inició el debate, hay una deuda con la sociedad”, argumentó el funcionario.
Luego, en el mismo tono amenazante que utilizó otras veces, Pérez, un hombre poco iluminado, dividió las aguas entre los “demócratas” y los “señores feudales”. “Tenemos que saber quiénes quieren terminar con el sistema de la boleta partidaria de papel e ir a un sistema de Boleta Única Electrónica, donde el Estado garantice la oferta electoral y en donde terminemos con las colectoras, con las candidaturas múltiples, y quiénes no” disparó.
Pérez anticipó que comenzó ya la ronda de conversaciones con senadores y gobernadores -que fueron los que hicieron caer la Reforma en el Senado- para buscar los puntos de acuerdo. Igualmente, el funcionario pisa con pies de plomo el sendero resbaladizo que se encuentra recorriendo. “Se podría avanzar este año en algunos puntos, como en la eliminación de las colectoras o el tema de la paridad en las listas de legisladores nacionales, además de una mejora en lo que es el control del financiamiento de los partidos políticos”, se atajó, previsor.
El Gobierno implementará algunos cambios en el proyecto caído, en su afán de conseguir que se apruebe la utilización de la cuestionada BUE, entre los que se pueden contar, según Pérez “que el escrutinio provisorio, que hoy es competencia del Ejecutivo, pase a la Justicia, un cambio que apunta a la mayor transparencia del proceso electoral, que, sabemos, la ciudadanía apoya mayoritariamente“.
Además, según Pérez, “el proyecto incorpora más requisitos de control, porque habrá conteo electrónico, pero se mantiene el conteo manual, o sea que hay un doble conteo y, por otro lado, toda la auditoría de las máquinas está administrada por la justicia electoral, no por el Ejecutivo, es decir que existen muchas garantías en la ley como para que la ciudadanía confíe“, concluyó.
Un mundo sin urnas electrónicas
De todos modos, los cuestionamientos que se le realizaron a la BUE siguen sin ser saldados desde el Gobierno. El primero es que una empresa privada -que para el caso de la Ciudad de Buenos Aires y de Salta es Magic Solutions Argentina (MSA)- tenga en sus manos la implementación del acto fundante de la democracia, que es el voto.
Luego, el problema principal es la BUE en sí misma, de la que en ningún país del mundo se pueden conseguir seguridades de que sea inviolable. Más de una vez -hasta lo hizo un especialista en el Congreso, mientras se discutía la Reforma Política- los opositores al sistema demostraron que, utilizando un dispositivo que no cuesta más de 20 dólares, se puede cambiar o identificar el voto. Todo esto, porque un chip de radiofrecuencia es detectable para los aparatos electrónicos pertinentes, que son capaces de leerlos a la distancia.
A fuer de parecer obsesivos -desde esta página web hemos descripto lo que pasó en otros países del mundo con el chip QBR-, será bueno enumerar que este sistema se dejó de usar en el Reino Unido, en Irlanda, en Holanda, en Finlandia y en Alemania, entre otros. La razón fue siempre la misma: la falta de garantías acerca de que exista realmente un sistema de seguridad que evite el fraude electrónico. Inclusive, el Tribunal Superior Constitucional de Alemania declaró al voto electrónico “inconstitucional”, a causa de que sólo puede ser auditado por personas que posean un grado universitario en informática.
De todos modos, el sistema se utiliza en varios países, como Brasil, Estados Unidos de Norteamérica, Estonia, Venezuela, Filipinas y la India. En ninguno de ellos ha estado ausente la polémica y las denuncias de fraude cada vez que se vota.
