El Gobierno nacional ya tiene las planillas que servirán como base a las auditorías que en los próximos días a través del ministerio de Desarrollo Social, comenzará sobre el programa Potenciar Trabajo.
Son casi 40 ítem que apuntan a conocer, no solo la realidad social que vive cada uno de los casi 1.300.000 beneficiaros, sino también a qué organización social pertenecen: es decir si es oficialista u opositora; si están dispuestos a dejar de recibir el plan a cambio de un “trabajo formal, registrado, en relación de dependencia”; si la contraprestación laboral para cobrar el plan la hace como “integrante de una organización comunitaria/social”, como “integrante de un pequeño emprendimiento”, o “como trabajador municipal”; y si desarrollan otra actividad y que remuneración perciben.
El amplio cuestionario está destinado a saber si las personas “conocen a qué Unidad de Gestión (UG) y/u organización pertenece” y en este caso debe nombrar si trabajan en una cooperativa, por ejemplo, a cargo de los oficialistas Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, o de organizaciones enfrentadas al gobierno del Frente de Todos, como el Polo Obrero o el Movimiento Teresa Vive-MTS, que integran la Unidad Piquetera.
La mayoría de las preguntas que se realizan en el “formulario de certificación” ya están archivadas en el ministerio de Desarrollo Social. O se acreditarían cruzando la información en organismos con ANSES o AFIP. Por ejemplo, se consulta si el beneficiario o algún miembro de la familia recibe planes como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, por discapacidad, prestación alimentaria, entre otras.
Los encuestadores consultarán también que tipo de “contraprestación” realizan los beneficiarios. Si no desarrollan ninguna tarea en una cooperativa o pequeña empresa, familiar o no, no estudian o se capacitan, el ministerio de Desarrollo Social está facultado para darle de baja del programa.
En caso de responder de manera positiva, las personas deberán relatar que tareas realizan y para quien lo hacen. También si son integrantes activos de una organización social y en este caso, deberán confiar si lo hacen en un movimiento oficialista u opositor. Una pregunta que no cumple ninguno de los objetivos planteados en la auditoría. Debería bastar con saber si el beneficiario cumple con sus tareas, no si pertenece a un movimiento de izquierda o de Frente de Todos.
Los funcionarios buscan conocer también otros detalles que parecen tener poca relación con saber si cumplen o no con las 60 horas mensuales de trabajo o estudios: ¿integran una organización social? y si es así ¿Cuál?; ¿cuántas horas laborales está dispuesto a realizar si tuviese un “trabajo en blanco”.
La auditoría sobre el programa Potenciar Trabajo se implementó después de que la Vicepresidenta Cristina de Kirchner denunciara el 20 de junio que el gobierno que ella misma integra “tercerizó” el manejo de los planes sociales y apuntó contra el Movimiento Evita. Ese día planteó que el Estado debía “recuperar el control” sobre programas como el Potenciar Trabajo.
Días después el presidente Alberto Fernández y más tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, hicieron lo propio.