El Correo Argentino SA del Grupo Macri, apeló la decisión de la jueza comercial Marta Cirulli, quien había decretado la quiebra de la compañía postal. La justicia determinó que hasta tanto se resuelva ese planteo, quedará suspendido el proceso.
La apelación fue presentada por el presidente de Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y por el abogado Jaime Kleidermacher. Los dos están imputados junto al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y otro funcionario en la causa que instruye el juez Ariel Lijo, en Comodoro Py, para establecer si hubo delitos en el acuerdo al que había querido llegar la empresa en tiempos de Gobierno de Mauricio Macri.
En su escrito, los asesores letrados de la firma cargaron contra Carlos Zannini, quien como Procurador del Tesoro -siendo el Estado el principal acreedor- había pedido la quiebra y anticipó que solicitaría que sea extensiva a Socma, el grupo comercial de la familia Macri.
La quiebra se confirmó un día después (el 5 de julio) de que Mauricio Macri denunciara en un carta pública que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner- responde a una “venganza” y “persecución política” del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él y sus hijos.
En la presentación de la apelación a la que accedió Infobae, los letrados sostienen: “El representante del Estado Nacional, a las horas de dictada la sentencia de quiebra, declaró ante los medios que el objetivo real de la actitud asumida por el Estado Nacional en el proceso ha sido (y es) perseguir una ‘extensión de quiebra’ a las accionistas, demostrando un evidente desinterés en percibir el crédito por parte de la concursada con fines extraconcursales”.
Además afirmaron que “de una simple lectura del decreto de quiebra, se han observado serios defectos que hacen a su nulidad, pues tal sentencia es resultado de un procedimiento absolutamente irregular, en el cual se ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso de esta parte. La sentencia es ostensiblemente nula, tanto por la falta de competencia de V.S. para expedirse, así como también por la presencia de defectos sustanciales e insalvables de fundamentación y de tratamiento del caso particular”.
Los letrados también recordaron que aún estaba en revisión la recusación planteada contra la propia jueza y la fiscal Gabriela Boquín. Esa apelación había sido llevada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, trámite que provocó cuestionamientos desde el propio Poder Judicial Nacional que no reconoce al máximo tribunal porteño como uno de sus superiores.
Por su parte, la jueza Marta Cirulli escribió en su resolución: “En atención a lo resuelto el 6.1.2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa, me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido. Por lo tanto, y en consonancia con el temperamento seguido el 25.3.2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho (LCQ 273, inciso 4), debiendo elevarse oportunamente al Superior con nota de estilo”.
Ahora, el caso está en manos de la Sala B de la Cámara en lo Comercial que deberá evaluar si la resolución tomada es confirmada o revocada.