El legislador Fernando Muñoz (Frente Progresista y Popular) presentó el primer proyecto de ley del ciclo legislativo 2015. El mismo tiene como objeto reglamentar los vetos del Poder Ejecutivo porteño, tal como indican los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Ciudad.
La iniciativa establece que una vez ingresado un proyecto de ley vetado o parcialmente por la jefatura de Gobierno, la Legislatura deberá tratar el mismo en un plazo de noventa días desde su ingreso por mesa de entradas. Vencido dicho plazo, el proyecto será considerado en la primera sesión ordinaria siguiente. En tanto que, el Parlamento capitalino deberá expedirse expresamente, insistiendo sobre el proyecto original o aceptando el veto conforme a las mayorías requeridas en cada caso, según lo establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muñoz, compañero de bancada del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, considera que esta iniciativa “jerarquiza el rol constitucional de la Legislatura, ya que, cuando se aplica el poder de veto sobre el legislativo se activa un mecanismo de control que, junto a otros instrumentos, refuerza el concentrado poder del Ejecutivo”.
Esto se puso de manifiesto durante la gestión de Mauricio Macri, el mandatario porteño que más leyes ha vetado en la historia de la Ciudad. Entre los vetos más polémicos, pueden recordarse los de la Ley de Aborto no Punible, la Ley de Fábricas Recuperadas y la creación del Programa de Inclusión Laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social, entre otros. Por este motivo, el legislador ibarrista considera “imprescindible” establecer algún tipo de mecanismo que tienda a disminuir la discrecionalidad y arbitrariedad de la institución del veto
Asimismo, la iniciativa establece que “toda vez que un proyecto de ley sancionado por la Legislatura sea vetado de forma total o parcial por el Poder Ejecutivo, el Presidente o Presidenta de la Legislatura deberá convocar, previo a la decisión de aceptación o insistencia por parte del organismo, a una Audiencia Pública obligatoria a través del Instituto consagrado en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad”. De esta forma, se busca promover la participación de la ciudadanía y permitir la expresión de su opinión acerca de los proyectos de ley vetados.
