Administrar los recursos del Estado es, en buen castellano, utilizar el dinero y el patrimonio de los contribuyentes en beneficio de los propios contribuyentes. Paralelamente, un empresario privado jamás invertiría en una materia que no rindiera el lucro conveniente a los accionistas de la firma de la cual forma parte. Esa es la diferencia que existe entre ambos sectores: el Estado invierte en infraestructura y en mejorar la vida de todos y el sector empresarial enriquece a los poseedores del capital, además de generar empleo y compartir alguna porción de su riqueza con los asalariados.
Cuando por alguna razón se producen acciones conjuntas entre el sector público y el sector privado, ambas esferas deberían beneficiarse mutuamente, construyendo un círculo virtuoso, pero suelen existir obstáculos. Los problemas comienzan cuando aparecen los funcionarios que profesan un liberalismo bobo, que consideran que el Estado debe financiar a los privados, sin que estos se vean obligados a ninguna contrapartida. Esto, si no se tomara en cuenta la posible existencia de alguna “incentivación” de parte de algún empresario para que el Estado lo favorezca con alguna medida.
Las diferencias entre los economistas y teóricos del Estado liberales y “heterodoxos”, como se llama ahora a los que reivindican el rol del Estado y de los dineros públicos en la dinamización de la economía, a menudo están centradas casi exclusivamente en este punto. Un punto tan importante en la economía del país, de la Ciudad y de cualquier parte.
Marketing para todos
En ocasiones, la lectura atenta del Boletín Oficial dice más sobre un gobierno o sobre una manera de gestionar la “res pública” que lo que publican los medios de comunicación, que suelen consumir minutos, horas y días enteros con periodistas y funcionarios hablando sobre nada.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) es una institución creada a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2006 en respuesta a una demanda de los residentes de Villa Inflamable –ubicada en Dock Sud–, que denunciaron los múltiples daños a su salud que les había provocado la contaminación del Riachuelo y la polución que generaba –y sigue generando– el Polo Petroquímico de Dock Sud.
La Acumar quedó conformada por el Estado nacional, el de la Ciudad y el de la provincia de Buenos Aires, y su misión es la de reparar los males que causó la contaminación generada por las empresas y por la complicidad de un Estado que mira sin ver, oye sin escuchar y habla sin significado, mientras la gente enferma y muere a su alrededor.
En una palabra, la Acumar tiene el deber de mitigar los efectos ambientales impulsando acciones de manera coordinada, limpiar el Riachuelo y recomponer su agua, el suelo y el aire.
La financiación de la Autoridad está a cargo del Estado nacional, que aporta el 50 por ciento, y ambas jurisdicciones locales, que se supone que contribuyen con el 25 por ciento del presupuesto cada uno. De todos modos, la Ciudad se convirtió en un socio parasitario del organismo, ya que constantemente anula las partidas destinadas a contribuir a la tarea mediante la constante reasignación del dinero a otras funciones.
Para muestra basta un botón. El 10 de abril último fue promulgada la Resolución N° 96/2013 y el 14 de junio se dictó la Resolución N° 161/2013. Por medio de ambas medidas, el Ministerio de Desarrollo Urbano transfirió para otras áreas los fondos de partidas adjudicadas a Acumar. Los programas a los que se les quitó el dinero son el de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias y el Programa del Nuevo Distrito Gubernamental, respectivamente.
No casualmente, ambas obras se deben desarrollar en la zona sur de la Ciudad, donde está el déficit más grande de infraestructura que tiene Buenos Aires. Lo peor es que los recursos económicos se trasladan al norte, donde habitan los ciudadanos con mayor poder adquisitivo, el “público cautivo” de Mauricio Macri. La medida suena entonces, como mínimo, antipática.
La 96
Parece el nombre de una banda de rock, pero es una Resolución del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuyo titular, Daniel Chain, siempre figura en el listado de sospechosos de todos los crímenes ambientales que se perpetran en la Ciudad.
En la 96 se dispone la transferencia de 616.250 pesos, que serán destinados a un road show (?) para promocionar “las obras a realizarse en el Barrio Parque Donado Holmberg, consistente en el montaje de un centro de exposición del proyecto y tareas de difusión con colocación de banderolas exteriores y película explicativa” (?).
Para los legos como este cronista, que desconoce los rudimentos del marketing, es el momento de apelar a la herramienta de búsqueda de la web. Allí aparece le definición de “road show” y algunas características de un evento de este tipo.
Una página llamada www.venmas.com nos explica que “El roadshow es un evento que recorre diversas ciudades para promocionar una marca” y que “lo utilizan grandes multinacionales que desean acercar su marca a los clientes, y empresas más pequeñas para dar a conocer nuevos productos o conceptos”.
Pero las cosas no terminan allí. El solícito explicador nos desasna del todo en el párrafo siguiente. “Además de conseguir una gran visibilidad para tu marca, el roadshow te permite relacionarte directamente con el consumidor, en un espacio que controlás y al que ha acudido voluntariamente. En resumen: el escenario ideal para el marketing.”
¿El Estado necesita desarrollar herramientas de marketing? ¿No le basta con la publicidad de los actos de Gobierno? ¿Con solo informar al público sobre las políticas que lleva a cabo no ha cumplido ya con su obligación un funcionario?
Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto –ubicado sobre la traza de la AU3, la fracasada autopista que planeó el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore– se desplazó de sus casas a 320 familias, a las que se les prometieron viviendas nuevas en la zona o, en su defecto, 150 mil pesos para mudarse a otra parte. De todos modos, también esta parte de la operatoria está demorada.
La 161
Esta medida del Ministerio de Desarrollo Urbano es parecida a la anterior. Solamente difiere en el monto, esta vez son 2.532.550 pesos que se le quitan a Acumar y entre los considerandos se aclara que “la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el road show y publicidad de diferentes obras a cargo de esta jurisdicción”.
Esta partida estaba destinada originariamente a obras complementarias del Nuevo Distrito Gubernamental, que se erigiría en la zona de Barracas, con lo que el sur vuelve a perder. En síntesis, el dinero quitado a los dos programas de la Acumar por medio de las resoluciones 96/13 y 161/13, 1.807.000 fue destinado al road show del barrio parque Donado Holmberg.
“Le sacan al sur para darle al norte”
Matías Barroetaveña es el subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además es el coordinador general de La Fábrica Porteña, el tanque de ideas que conformó la agrupación Convergencia para un Frente Kirchnerista, que lidera Carlos Tomada.
Hablando del popular road show macrista, Barroetaveña dice que el Gobierno porteño “valoriza las propiedades del barrio para armar un negocio privado. Es el Estado trabajando gratis para los privados”.
“El mayor déficit de infraestructura está en la zona sur de la Ciudad y es ahí precisamente de donde transfieren el dinero. Parece una metáfora, ¿no? Y esto ocurre aun cuando existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Gobierno a reubicar a la gente que vive en el camino de sirga que se sitúa a la vera del Riachuelo.”
AU3, el camino que une la grandeza con la miseria
Iba a ser un símbolo de progreso, pero terminó siendo una de las muchas obras faraónicas que nunca se realizaron. El trazado de la Autopista 3 –una vía rápida que debía atravesar toda la Ciudad, desde la avenida General Paz hasta Pompeya– partió a Buenos Aires en dos. Impulsado por el exintendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore, para el proyecto se expropiaron más de 800 viviendas y se destruyó el tejido urbano de todos los lugares por los que hubiera pasado de haberse construido.
El proyecto comenzó hace 36 años, con una serie de expropiaciones que realizó el Gobierno militar, con la idea de unir el norte y el sur porteños con una autopista. El plan fue presentado por Cacciatore con bombos y platillos en 1977, pero por las razones que fueren –políticas o económicas– la autovía nunca se construyó.
Lo que sí se hizo fue expropiar a más de 800 propietarios. Las expropiaciones se extendieron desde Saavedra hasta Nueva Pompeya, pero al empezar por el norte y luego suspenderse la obra, allí se concentró la mayor cantidad. Entre las avenidas Congreso y Juan B. Justo hay 713 viviendas expropiadas.
La gente tuvo que irse, pero las casas nunca se demolieron y la mayoría de ellas fueron usurpadas. Muchos de los ocupantes llegaron en la década del 80 y tienen buena relación con sus vecinos. El censo que realizó la Ciudad dio como resultado un padrón de 920 familias, que iban a ser beneficiadas con un plan de soluciones habitacionales, que iban desde créditos para construir o para comprar viviendas hasta comodatos vitalicios.
Hoy, la resultante de los delirios dictatoriales es el barrio parque Donado Holmberg, uno de los íconos del desarrollo inmobiliario porteño financiado por el Estado, el cual es uno de los símbolos a causa de la expulsión arbitraria de cientos de familias porteñas.
Tal como en otros proyectos, como el del Centro de Compras DOT, que está ubicado en la misma comuna, la promesa inicial era que, si bien existía un proyecto inmobiliario, iba a hacer compensaciones para las familias que iban a ser desplazadas por el desarrollo.
Tras décadas de abandono y miles de reclamos de los damnificados, se implementó un plan integral para la recuperación de los terrenos y se propuso una solución definitiva para las familias que fueron afectadas.
La Ley 3.396 fue la herramienta que dispuso en esta etapa –antes hubo otros gobernantes y otras promesas– el Gobierno para solucionar el problema de la traza de la ex AU3, pero, como otras soluciones desarrolladas en otras ocasiones, la ley se transformó en un parche sin planificación que, lejos de tomar las propuestas de los vecinos, partió de expulsar a las familias que vivían en la traza y terminó convirtiéndose en una propuesta para promover el negocio inmobiliario privado en terrenos públicos.
El Gobierno porteño empezó con las subastas de los terrenos en 2010, al principio sin muchos interesados, pero luego empezaron a aparecer los desarrolladores inmobiliarios, atraídos por las garantías que otorgaba el Ejecutivo de la Ciudad.
La principal virtud y atractivo, según los propios desarrolladores, es el mejoramiento urbanístico que se hará en el área, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano, el cual proyecta desarrollar un barrio en el que, según se plantea actualmente y según las expectativas de los desarrolladores, será para sectores de alto poder adquisitivo.
