El juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento para el titular de la UOCRA e integrante de la CGT oficialista, Gerardo Martínez, en una causa en la que estaba investigado por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de la última dictadura.
Lijo había archivado la causa contra Martínez, impulsada por una facción opositora a su sindicato y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El archivo fue revocado por la Cámara Federal porteña, que ordenó una serie de medidas de prueba que Lijo, el mismo juez que procesó al vicepresidente Amado Boudou en la denominada “Causa Ciccone”, llevó a cabo en los últimos meses.
El juez había tomado en cuenta un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, según el cual los casos de persecuciones a trabajadores de la construcción durante el régimen “fueron anteriores al 1 de marzo de 1982, año en el que, según registró Gerardo Alberto Martínez, fue incorporado al Ejército argentino como agente civil de inteligencia”.
“Si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601”, había resuelto Lijo hace un año, cuando ordenó el archivo de la causa.
“De los hechos denunciados no se individualiza siquiera una conexión fáctica entre ellos y la acción concreta de la persona denunciada”, ratificó el juez ahora, al dictar el sobreseimiento del sindicalista.
