El jueves se realizó la segunda audiencia del amparo iniciado por organizaciones K y de la Izquierda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la decisión de la ministra de Educación, Soledad Acuña, de restringir el uso del “lenguaje inclusivo” en establecimientos educativos.
La jueza Romina Tesone, que en la primera audiencia había impedido el uso de la palabra por parte de organizaciones y expertos que cuestionan el llamado lenguaje inclusivo, cedió al pedido realizado por Fundación Apolo para que se habilitase la opinión de los actores mencionados.
José Magioncalda, abogado de la ONG; de la investigadora del Conicet, Sandra Pitta; y de la diputada porteña, Marina Kienast, manifestó en la audiencia que, tal como lo había reconocido la propia titular del Observatorio de Género de la Justicia de CABA, el lenguaje inclusivo era una “intervención política del idioma”.
En esa línea, agregó que quedaba “claro que la finalidad del lenguaje inclusivo era proselitista”, por lo cual “no debía tener lugar en las aulas”.
En tanto, Kienast, autora del proyecto de ley Anti Proselitismo Escolar, sostuvo que “la discusión sobre el lenguaje inclusivo no es una discusión lingüística, sino ideológica y política. La educación en Argentina es rehén de esas luchas desde hace décadas y el resultado es realmente preocupante. Los alumnos son cada vez más relegados y entregados a intereses políticos, mientras que los padres están lejos de ser consultados sobre las decisiones educativas que se toman con sus hijos”.
Por su parte, Sandra Pitta, advirtió que el idioma en Irán posee “género neutro”, pese a lo cual, “el movimiento LGBT no puede protestar” en dicho país.