En medio de la tensión luego del ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, comenzó esta mañana un nuevo juicio contra siete integrantes de la organización narco Los Monos por ser los presuntos autores de al menos 10 atentados contra domicilios funcionarios e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en esa ciudad santafesina.
Entre los acusados está el líder de la banda, Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien redobló la apuesta y desafió a todos al realizar su presentación en la audiencia: “Tengo oficios varios, contrato sicarios para tirar tiros a jueces judiciales (sic)”.
El debate comenzó poco antes de la 9 de la mañana de este viernes. Está a cargo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto. Se desarrolla con los acusados de forma virtual, a través de videoconferencia, para minimizar riesgos. Estiman que se extenderá durante varias jornadas a lo largo de cuatro semanas.
El fiscal Miguel Moreno fue consultado sobre la frase desafiante que pronunció “Guille” Cantero en su presentación: “Lo dijo voluntariamente; obviamente tiene un impacto en nuestra teoría del caso y en algún momento vamos a explotarlo, pero más allá de lo que haya dicho Cantero, lo que habla aquí son las pruebas, no una autoinculpación”.
La Justicia cree que siete de esas diez balaceras fueron planificadas desde la cárcel por “Guille” Cantero. En ese sentido, los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, adelantaron que pedirán la pena de 24 años de prisión para Cantero por considerar que los ataques “tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones”, según publica la agencia Télam.
Los siete imputados llegaron al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras. Algunos de ellos están con prisión preventiva por otros delitos. Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11. En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario. Todos los acusados siguen la audiencia por Zoom desde sus lugares de detención.
Los otros involucrados en el caso, Claudio “Churro” Canavo, José Alberto Castillo y Aldana Mazzeo, ya fueron condenados a través de juicios abreviados que acordaron la Fiscalía y las defensas. De acuerdo con el diario La Capital de Rosario, por la tarde se llevará a cabo una audiencia imputativa en el que Cantero, junto a otras cuatro personas, será acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer extorsiones y el homicidio perpetrado en enero de 2020 del cual fue víctima Enrique Encino, un hombre de 64 años que fumaba un cigarrillo en un balcón del Casino City Center.
La balacera del miércoles
El debate oral y público se lleva adelante luego del atentado contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en la esquina de las calles Sarmiento y Virasoro, ocurrido este miércoles hacia las 23. Se trata del cuarto ataque que sufre este edificio. La balacera fue captada por las cámaras de seguridad del municipio.
En el video se observa como dos hombres en moto pasan a toda velocidad y disparan. Luego, huyen en dirección al sur. Los efectivos de la Policía que concurrieron al lugar observaron por el momento dos impactos de bala en el vidrio del edificio, en el sector que da a la calle Sarmiento.
Sin embargo, en las cercanías de la sede judicial rosarina levantaron al menos siete vainas servidas de calibre 9 milímetros. El ataque mafioso, de acuerdo con los medios locales, pudo haber terminado en tragedia.
Es que en una de las veredas del Centro de Justicia Penal había instalado una carpa de familiares que reclaman justicia por una víctima fatal de un accidente vial ocurrido en 2016. En principio, no están vinculados a la balacera y tampoco resultaron heridos. En el lugar trabajó también el Gabinete de Criminalística de la Agencia de Investigaciones Criminales para relevar también las cámaras de seguridad y así tratar de identificar a los atacantes.
La cronología de los ataques por los cuales son juzgados los siete narcos
El primero de los ataques contra funcionarios sedes del Poder Judicial ocurrió la noche del 29 de mayo de 2018, poco más de un mes después de que se conociera la condena a integrantes de la banda de Los Monos, entre los que estaba el propio “Guille” Cantero. Fue contra dos viviendas, una de Italia al 2100 y otra de Montevideo al 1000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.
El 30 de junio de ese año se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció al ex integrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de Los Monos. A continuación, el 26 de julio, se perpetraron los atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.
Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda. Solo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió una ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.
El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
La serie de atentados destinados al poder judicial continuó el 14 de agosto cuando sucedió un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900. Y finalmente, el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).