Mientras la Justicia intenta determinar si Amado Boudou tuvo participación en la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, el Frente Renovador se prepara para presentar en el Congreso dos proyectos de ley que permitan confiscar en no más de cincuenta días los bienes que provengan de actividades ilícitas.
Por estas horas, los aliados de Sergio Massa pulen los últimos detalles de la propuesta, que contempla las herramientas legales para que el Estado pueda quedarse con las propiedades y cuentas bancarias provenientes no sólo de la corrupción, sino también de delitos como el contrabando, el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. También serán pasibles de ser castigadas las actividades antijurídicas como las infracciones, la evasión fiscal, la competencia desleal o los monopolios.
“Queremos esta ley, para sacarle la plata y los bienes a los que se beneficiaron con lavado narco o con hechos de corrupción. Así como también a quienes sean familiares directos o testaferros que no puedan explicar la evolución de su patrimonio. Para terminar con la impunidad, hay que perseguir la plata y los bienes, porque un país que tiene más prófugos que presos, si no persigue los fondos se acostumbra y se resigna a la impunidad”, explicó el diputado nacional a Infobae.
Para que esto sea posible, el Frente Renovador propondrá en uno de sus dos proyectos modificar el Código Civil para “poder desapoderar de bienes utilizados o provenientes de delitos de corrupción”. En la otra propuesta, en tanto, define el mecanismo para avanzar en el procedimiento.
La intención es que no sea una acción penal, civil o administrativa, sino una herramienta nueva, repartida por jurisdicciones y a cargo del Ministerio Público Fiscal, hoy comandado por la procuradora oficialista Alejandra Gils Carbó. Para evitar sospechas de parcialidad, el massismo propone que todo el procedimiento tenga también el control y garantía de un juez de la Nación. “No hace falta ninguna estructura judicial nueva, es esta ley, más un fiscal designado por la Procuración y un juez por la Corte Suprema en cada caso”, detalló Massa.
El texto de la propuesta contempla que el 90% de los bienes recuperados por casos de corrupción sea utilizado para financiar el programa de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación, mientras que el 10% restante deberá ser destinado a la capacitación de personal para confiscaciones similares.
En los casos de narcotráfico, también el 10% de los activos conseguidos deberá ser destinado a la formación del personal del área. Pero del 90% restante, una mitad se dedicará al programa de prevención de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y la otra a obras para educación.
Los dos proyectos, inspirados en la normativa de Colombia y Guatemala, fueron redactados por el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez y la diputada nacional Graciela Camaño, con la asesoría de los especialistas Edgardo Buscaglia y Diego Gorgal.
