El instituto de la controversia no deja de entregarnos algunas sorpresas a quienes ejercemos el oficio de espiar la realidad para intentar desentrañar, aunque sea, lo que está al alcance de los ojos. La decisión del Gobierno porteño de suprimir el cuerpo de Peritos Verificadores de Obras, constituido por alrededor de 600 profesionales, y reemplazarlo por un cuerpo de 20 inspectores, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), es un claro ejemplo de esto. La medida ya generó una fuerte polémica en una ciudad signada por tragedias como las de Cromañón y Beara, evitables si hubiera funcionado como correspondía el sistema de control estatal. ¿Tendremos que lamentar en el futuro otras muertes evitables? (*)
Una historia desangelada
Escaldado seriamente por una larga serie de denuncias, procesos judiciales, cámaras ocultas que destaparon negocios turbios, sospechas muy fundadas acerca de la existencia de nichos de corrupción y muchas cesantías de funcionarios del Estado debidas a esta razón, el Gobierno porteño decidió, en el año 2000, suprimir el cuerpo de inspectores de obras en construcción y reemplazarlo por un cuerpo de peritos verificadores de obras (PVO), que inspeccionarían las obras en construcción pero no tendrían poder de policía. Su función se limitaba a detectar posibles diferencias entre los planos y las obras efectivamente realizadas e informarlo a las autoridades, que retenían el poder de policía.
Desde entonces, los peritos verificadores de obras debieron navegar en aguas procelosas, sacudidos por oleajes que los obligaron a derivar muchas veces de una costa a otra. En el período que media entre el año de su creación y nuestros días vieron que sus honorarios no aumentaban, hasta convertirse en casi irrisorios, además de cobrarlos con atrasos desconsiderados.
“Los honorarios nuestros los pagan los constructores pero no a nosotros directamente, sino que los depositan en una cuenta del Gobierno de la Ciudad, que nos está pagando con un año de retraso, más o menos. Además, si bien el Gobierno aumentó los impuestos en un 700 por ciento, que debía trasladar a nuestros honorarios, solo nos aumentaron un 50 por ciento”, narra casi en tono de película de terror la presidenta de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores de la República Argentina, Lilian Rodríguez.
Para peor, Mauricio Macri firmó el 4 de julio último el Decreto Nº 271/14, que puso fin a la existencia del cuerpo de peritos verificadores, que serán reemplazados por el cuerpo de inspectores que dependen de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), repitiendo la estructura anterior al año 2000.
La decisión motivó controversias de variada índole. El legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart, denunció que “Mauricio Macri está liquidando los controles de la Ciudad”. “Por eso, desde ahora va a haber más corrupción y más muertes en las obras en construcción en la Ciudad. [El titular de la AGC, Juan José] Gómez Centurión no explica cómo 20 inspectores propios, en reemplazo de los mil profesionales verificadores independientes, a quienes dejan sin trabajo, podrán controlar debidamente las 4.000 obras simultáneas que se hacen en la Ciudad, las que a su vez requieren cuatro instancias de inspección cada una. ¿Acaso con menos control no se facilita que haya coimas?”, se pregunta el legislador.
“Antes hicieron algo similar en el área de la Subsecretaría de Trabajo, pero como no pudieron desmantelar el cuerpo de inspectores del sector, ahora no los dejan trabajar.”
Bodart agregó: “Como el poder de policía está en manos de los funcionarios, a veces los inspectores piden la clausura pero no son escuchados. Entonces, en esos casos, si hay problemas posteriores, como ocurrió en algunas ocasiones, el papel lo mismo queda. Por eso quieren echar a los peritos, para que ni eso haya”.
Para el diputado izquierdista porteño, “en la Ciudad rige el vale todo empresarial”. “Habría que recordar que Macri llegó al poder montado sobre una tragedia, pero ahora vamos hacia un estadio superior en la corrupción. Espero que ese señor nunca llegue a presidente”, disparó.
El diputado presentó en la Legislatura porteña un pedido de citación a Gómez Centurión. En los fundamentos de su iniciativa, subraya: “Nuestra ciudad es la de Cromañón, Once, Beara y los derrumbes en obras de construcción, tragedias todas ellas evitables y vinculadas a la falta del debido control por el Estado respecto del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Por ende, cualquier medida que implique modificar tales controles debe ser cuidadosamente evaluada. No es este el caso”.
Verificadores en pie de guerra
Los profesionales –arquitectos e ingenieros– que quedarían sin trabajo, que están agrupados en la Asociación ya mencionada, se quejaron porque “contando la Ciudad con más de mil profesionales externos al servicio de la comunidad para realizar las verificaciones de obras, de habilitaciones y ascensores, con un sistema absolutamente transparente –ya que las obras les son adjudicadas por sorteo, porque solo pueden ir a verificarlas una vez y para la siguiente visita se sortea a otro profesional, porque antes de tomar la tarea deben firmar a modo de declaración jurada la inexistencia de vínculo de sangre, amistad o negocios con el propietario, constructor o director de obra, y porque que en 14 años jamás un solo verificador recibió denuncia alguna por irregularidad en su función–, no se entiende su disolución por el Decreto 271/14, salvo pensar que estos profesionales son una mosca que molesta para quien no quiere controlar. Los verificadores están dispuestos a trabajar a cambio de tener que pagar para realizar la tarea y luego esperar meses, hasta un año o año y medio, para cobrarla. Para integrar estos registros el profesional debe tener paga su matrícula, pagar el monotributo cada mes, pagar una encomienda profesional cada vez que tenga que ir a una obra, más gastos de viático, fotocopias o fotografías cuando el caso lo requiere”.
Con mucha dureza, los profesionales verificadores definieron en un documento que “al GCBA tampoco parece preocuparle –según declara el propio titular de la Agencia Gubernamental de Control– que existan 14 mil denuncias por obras con irregularidades pese a haber pasado la verificación. Esos datos, precisamente, la AGC los obtiene de la tarea de los profesionales verificadores de obras, que a su vez desconocen qué hace luego ese organismo con sus informes. Los PVO constatan y declaran las irregularidades observadas en obra y hoy Juan José Gómez Centurión intenta mostrarlas como 14 mil actos de corrupción. El fundamento es espurio y en realidad desnuda su propia ineptitud o desinterés por brindarles seguridad a las personas. Con su actual estructura, la AGC a través de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras está facultada para controlar que una obra no ocasione riesgos y que lo construido cumpla con lo registrado”.
*Esta nota fue publicada en el semanario un día antes del derrumbe en Monserrat