El 29 de junio último, la empresa venezolana ahora radicada en Londres, SmartMatic, contratada por el Gobierno para realizar el escrutinio de las tres (o dos) elecciones de este año, ejecutó una prueba piloto anticipada de las tareas que deberá realizar el 11 de agosto, el 27 de octubre y, eventualmente, el 24 de noviembre.
La prueba se hizo en 7.500 escuelas que estaban abiertas –estaba previsto que se hiciera en 10.000- y las fallas fueron comprobadas en 4.100 de ellas. Las deficiencias estuvieron relacionadas, según los voceros del Gobierno y de la empresa, con la conectividad y con algunas demoras en la entrega de las netbooks que serán utilizadas en las primarias. Para agravar la crisis, los partidos de oposición no fueron informados sobre lo ocurrido con suficiente profundidad.
SmartMatic (bautizada por algún humorista como “Maxwell SmartMatic”, por el paralelismo de su accionar con las desventuras que protagoniza el temible operador del Recontraespionaje, el Superagente 86, Maxwell Smart) no ganó en realidad una licitación para ser la adjudicataria del contrato, sino que fue elegida tras un concurso de precios, a pesar de que su propuesta técnica fue inferior a las que presentaron las empresas españolas SCYTIL e Indra. Esta última venía realizando la misma tarea desde 1997 en las elecciones argentinas, que también fue cuestionada en algunas de esas ocasiones.
El experto cordobés Javier Smaldone expresó que la empresa “terceriza, a su vez, el resto del software” que regula la transmisión remota. En tanto que Ariel Garbarz, experto en informática, aseguró que “el software de SmartMatic no puede verificarse porque su codificación-fuente es secreta y no permite a los partidos comprobación alguna, como la ley exige”.
Ante esta cadena de infortunios, errores y denuncias de fraude, el apoderado del Partido Justicialista Jorge Landau y su presidente, José Luis Gioja, se presentaron ante la Justicia Electoral y denunciaron a través de un comunicado de prensa que “tenemos fundadas sospechas para afirmar que el proceso electoral podría estar viciado de nulidad”.
Es bueno recordar en este punto que todos los elementos que componen el comicio deben ser pasibles de auditoría por los fiscales de todos los partidos que intervienen en él. Las planillas, las boletas electorales, las computadoras y los programas para operar estas últimas deben ser periciados por los auditores del oficialismo y de la oposición. Todo lo que no sea auditable es, por lo tanto, ilegal.
En la lejana Alemania, el tres de marzo de 2009, la Corte Constitucional Federal Alemana, la Bundesverfassungsgericht, declaró “inconstitucional” el voto electrónico. En esa fecha, la Sala Segunda del tribunal emitió su dictamen, basándose en que los dispositivos electrónicos que determinaban el resultado de las elecciones no podían ser auditados por ciudadanos que no poseyeran conocimientos avanzados de computación. La Corte exigía, por entonces, que cualquier elector, aunque no poseyera conocimientos especializados, debía ser capaz de examinar los elementos que se utilizaban en la votación.
Hazte la fama…
A pesar de que en la web de SmartMatic, la empresa asegura que el programa “Election-360 proporciona visibilidad completa del despliegue, control inmediato de incidentes y comunicación en tiempo real con el personal de campo”, lo cierto es que éste cosecha múltiples cuestionamientos. En las elecciones celebradas el cuatro de marzo de 2018 en El Salvador, SmartMatic debió reconocer al día siguiente que existía una falla en el script, lo que obligó a suspender el recuento y establecer un procedimiento de reparación de daños muy complicado.
Por otra parte, en 2017 la empresa fue denunciada en Filipinas por “acceso ilegal, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas”, en medio de un intento de fraude electoral, informó el especialista en informática Javier Smaldone.
Indudablemente, el 2017 fue un mal año para SmartMatic, que entonces se retiró de Venezuela, denunciando que el sistema que hasta ese momento sus directivos calificaban como “inviolable” ya no lo era y, por lo tanto, no podían garantizar su fiabilidad.
Ante esta cadena de infortunios, errores y denuncias de fraude, el apoderado del Partido Justicialista Jorge Landau y su presidente, José Luis Gioja, se presentaron ante la Justicia Electoral y denunciaron a través de un comunicado de prensa que “tenemos fundadas sospechas para afirmar que el proceso electoral podría estar viciado de nulidad”.
“Los resultados preliminares que arrojaron los simulacros realizados recientemente no dejan lugar a dudas, sólo el 33% de las 10 mil mesas que se sometieron a la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral pasaron el ensayo” sostuvo Gioja.
Luego, Gioja manifestó su escasa confianza en “este sistema, que es muy vulnerable y no da garantías de seguridad para que el escrutinio se realice sin problemas. Esto puede terminar en un desastre, por eso pedimos que se vuelva al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas”.
Por estas razones, el apoderado partidario, Jorge Landau, declaró que “pedimos a la Cámara Electoral que Smartmatic no intervenga en las elecciones”, para “evitar una situación caótica” en el recuento provisorio de votos de las Primarias nacionales del próximo 11 de agosto.
En resumen, lo que plantearon los representantes del Frente de Todos y de otros partidos es que no se deje de lado el mucho más confiable sistema del acta de escrutinio y el telegrama, que no provocó problemas por sí mismo a lo largo de la extensa historia electoral argentina. Esto, hasta que se desarrolle un sistema de seguridad que vuelva inviolables a los procesos de votación y transmisión electrónicos.
