En 2023 se decidirán –como ocurrió en otras ocasiones- los próximos diez años de la Argentina. En esa circunstancia se enfrentarán dos visiones acerca del país y su inserción en el mundo, absolutamente contrapuestas. El Frente de Todos, que quizás ya no se llame así, priorizaría el mercado interno y el desarrollo, mientras que desde Juntos por el Cambio se aplicarían políticas liberales ortodoxas, que ya fueron asestadas en muchas ocasiones sobre las sufridas cabezas del Pueblo argentino.
Desde hace un tiempo, entonces, los “brainstormigs” (tormentas de ideas) movilizan las mentes de los planificadores de Juntos por el Cambio y les quitan el sueño a sus dirigentes.
También, justo es decirlo, tales actividades preocupan al resto de la política, ante la posibilidad de que la victoria les sonría a los hombres de Mauricio Macri y que, en ese caso, intenten llevar a cabo sus programas de gobernanza.
Cuando aparecen plasmadas en papel las ideas de los cerebros económicos de la coalición que fue gobierno entre 2015 y 2019, aparece una especie de “déjà vu”, una serie de fórmulas ya aplicadas en la Argentina, que jamás fueron exitosas.
Es que los argentinos ya probamos muchas las recetas liberales. Existieron, sucesivamente, el Plan Austral, el Plan Primavera, la Convertibilidad, el Megacanje, el Blindaje Financiero y el préstamo externo más grande jamás otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Ni un solo centavo de esos miles de millones de dólares que llegaron al país en calidad de “préstamos”, fueron destinados al bienestar general ni al desarrollo de un programa de infraestructura. ¿Sería diferente ahora? ¿De qué manera?
Capítulo 1: Reducción de la inflación
En este plano, el primer capítulo del plan propone la manera de reducir el impacto de la inflación sobre los costos y los salarios. Las primeras medidas que tomaría el eventual gobierno de este espacio –o como se llame la coalición en 2023- buscarán generar una gran recesión económica para enfriar la economía y que los precios caigan a partir de la caída de las ventas y la crisis subsiguiente.
La segunda medida consistirá en una brutal devaluación del peso, para que se llegue hasta alrededor de los $650 por dólar. Así se garantizaría que sólo las empresas y los sectores más pudientes puedan hacerse de la moneda norteamericana, para destinarla a ahorro, adquisiciones en el mercado internacional o a gastos suntuarios. De esta manera, bajaría la presión sobre la verde moneda.
El tercer punto sería disminuir las retenciones, una medida que no impacta directamente sobre la inflación, pero crea la sensación psicológica de que el Estado no necesita aumentar impuestos y ha encontrado alguna suerte de prosperidad.
Otro punto importante es que serían liberados los precios del gas y la electricidad para que aumenten un 500 por ciento, aproximadamente, aunque podría ser más. Paralelamente, sería decretado el fin de los subsidios. De esta manera, el gobierno que sobrevendría, dejaría de imprimir dinero para subsidiar el consumo, permitiría el incremento patrimonial de las empresas prestatarias y, además, quedarían excedentes de gas y petróleo para su exportación, ante la baja en el consumo provocada por su alto costo.
Los precios de la nafta y el gasoil serían incrementados en un 80 por ciento. Esto serviría –aseguran- para que exista más exploración y explotación de hidrocarburos por parte de YPF y desincentivaría el consumo en los países limítrofes. Al principio, esta medida generará inflación, pero luego traería más dólares por exportaciones, quizás a otros países más alejados y no por gasoductos.
Finalizarían el pago de las Leliq’s con bonos ajustables a diez años, por el índice de exportaciones. El concepto es que las Leliq’s generan déficit fiscal e inflación. El corte sería abrupto.
Los subsidios energéticos serían recortados al 20 por ciento y serán destinados solamente al sector productor de energías para exploración y explotación de nuevos pozos. Se destinará a los recursos hidrocarburíferos tradicionales y no tradicionales y a las energías limpias.
Una de las medidas más polémicas consistiría en la apertura de las importaciones, para bajar los precios internos. Se abriría a los alimentos, a las bebidas, textiles, calzado y a los productos de consumo masivo. Así se buscaría la baja de la inflación, por el subsiguiente corrimiento de la demanda.
No menores controversias originará la fijación del salario mínimo en u$s120, hoy equivalentes a $14.286 al cambio oficial. Al dólar paralelo, la equivalencia se detendría en $24.480, pero es obvio que un gobierno jamás operaría contra su propia moneda, fijando salarios mediante un procedimiento ilegal. Los think tanks de la oposición suponen que de esta manera desaparecería la presión sindical y, coincidentemente con el aumento de los precios, habría deflación y baja de salarios.
Capítulo 2: Ajuste Fiscal
El Capítulo Segundo está referido íntegramente a los planes de ajuste fiscal. Si en el capítulo anterior existían medidas controversiales, en este apartado arreciarán las palabras de ultraje.
El primer ítem sería la decisión de rebajar las jubilaciones hasta un punto y medio del PBI. Aseguran que esta medida permitiría bajar la inflación y serviría para bajar la presión sobre el dólar a causa de la recesión que provocaría.
Pero no queda ahí la cuestión. Como era de prever, se congelarían los salarios públicos. Las razones son las mismas que se esgrimieron para bajar las jubilaciones y para privatizar empresas nacionales.
A estas medidas, le seguiría –otro capítulo inevitable del ajuste- la venta de activos del Estado en las provincias, en CABA y en el Gran Buenos Aires. Dicen que así el Estado reduciría gastos en mantenimiento, impuestos, tasas y gastos generales en miles de propiedades “superfluas”.
Privatizarían también el 51 por ciento de YPF. Es para que el Estado deje de invertir –no gastar, nótese la diferencia- en el rubro energético. Perderá el control de los precios internos, ni podrá fijar la política de hidrocarburos, pero recaudará impuestos por exportaciones y por la producción interna.
Por si todo esto fuera poco, privatizarían además Aerolíneas Argentinas. A cambio, estarían dispuestos a resignar rutas esenciales, pero que no son comercialmente redituables, que no serían asumidas por las líneas “low cost” que reemplazarían a la línea de bandera. Paralelamente, surgirá la necesidad de ampliar la red de ferrocarriles, pero los planificadores están dispuestos a transferirlas a la provincias.
Otra empresa estatal que sería privatizada sería AYSA. La razón es la misa que las otras desapoderaciones en las que incurriría el próximo Gobierno: ajuste fiscal directo. Cero peso de inversión. Es necesario recordar, en este punto, que las empresas concesionarias que asumieron las obligaciones de la antigua Obras Sanitarias –la francesa Suez, la española Aguas de Barcelona y el argentino Banco de Galicia, entre otros- debieron ser sancionadas con el despojo de la empresa, ante los múltiples incumplimientos del contrato.
Cuando hay ajuste, lo primero que se pierde es la Piedad. Serían dados de baja 500 mil planes sociales. El argumento que esgrimen los planificadores es que no se perjudica a “los planeros”, que los gastarían en alimentos y sostén familiar, sino a los punteros, que utilizan el dinero para traslados, gastos organizativos y armado de los piquetes.
Otro ítem que quedaría para la discusión es la vuelta del sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilación y de Pensión. Sería para los que no están jubilados, que podrían optar por entrar al sistema de reparto (jubilación estatal) o por las AFJP. Entraría en vigencia en 2024, paralelamente con la elevación de las edades jubilatorias: los hombres lo harían a los 70 años y mujeres, a los 65.
Los derechos laborales también serían sujetos a revisión. Se terminarán las indemnizaciones, que serán reemplazadas por un seguro por despido como el que rige en el gremio de la construcción, financiado en partes iguales por el empleado y el empleador. Los trabajadores que están regidos por el sistema anterior, seguirían bajo el mismo régimen. La nueva norma regiría sólo para los trabajadores nuevos.
Sería reformado el sistema de asistencia a las obras sociales sindicales. Ya no tendrán apoyo del Estado, por lo que deberán elevar las cuotas societarias. Los autores del plan aseguran que el 90 por ciento del sistema solidario depende del Estado y eso es lo que se terminará.
Promoverían el uso de criptomonedas, reguladas por el Banco Central. El sistema será una copia del Yuan Digital chino y tendrá similitudes con el que rige en Chile y Brasil. Guardará parámetros similares a los que impone la Reserva Federal norteamericana. Argentina las apalancará con reservas estratégicas.
Le quitarían dos ceros a la moneda. Sería una medida psicológica, aunque inocua. El último en hacerlo fue Ricardo Alfonsín, cuando la quitó tres ceros al Austral, el 15 de junio de 1985.
También, al igual que Alfonsín, le cambiarían el nombre al peso. El objetivo es dar un giro a las expectativas ante el nuevo plan económico.
Paralelamente, sería lanzado un plan de desindexación de deudas, salarios y contrataciones. Es una inspiración del Plan Primavera. Se crearía una tabla para desacelerar los ajustes y cambiar las expectativas inflacionarias. Se lanzaría por medio de un DNU, pero para que entre en vigencia en todo el país se debería aprobar una ley en el Congreso. Sino, sería materia judiciable.
Negociarían un aporte del Tesoro de los Estados Unidos por 25 mil millones de dólares, para apoyar el Plan de Reforma del Estado. Los norteamericanos estarían interesados, a cambio, en obtener derechos especiales en las licitaciones y, en especial, en las adjudicaciones en el sector energético.
Se solicitarían créditos por u$s5.000 millones anuales entre 2023 y 2025, pata transformar la estructura productiva y para desarrollo de nuevas energías. Serían créditos blandos de organismos internacionales.
Ajustarían el mercado interno para que produzca sólo el 60 por ciento de los bienes transables argentinos. Hasta hoy, produce el 80 por ciento de éstos. El mercado interno es un gran demandante dólares para importar bienes y servicios. De esta manera, también bajaría la inflación, a causa de la caída de la demanda. También cerrarían miles de Pymes, incluidos comercios y empresas productivas. La desocupación crecería hasta niveles inéditos.
Intensificarían la desindustrialización, cerrando Pymes, porque –argumentan- son ineficientes y fallan en la competitividad. El argumento es que las Pymes demandan del Estado créditos baratos, financiados con la renta pública, y tienen mano de obra poco especializada y cara de sostener. Su cierre achicaría el gasto público y los bienes que producen serían reemplazados por productos más baratos, que llegarían desde el extranjero.
Se permitiría la exportación sin límites de carne, trigo y maíz. También esta medida golpearía fuertemente al mercado interno, porque la suba de precios hará caer la demanda.
Volverían a cerrar ocho ministerios, que se convertirían nuevamente en secretarías. Las explicaciones son innecesarias.
Ajustarían la Coparticipación Federal, según un índice que mida la relación entre empleo público y privado. Aquí estarían en problemas algunas provincias, que cuentan con un 65 por ciento de su población empleada en el Estado.
Paralelamente, habrá otro índice para definir la Coparticipación. Además del punto anterior, se agregará otro índice, que estará relacionado con la participación de cada provincia en la exportación de bienes y servicios. Será necesario, para cambiar el índice, la reforma de una cláusula constitucional.
Otorgarán a los bancos libertad de acción para cobrar comisiones e intereses en créditos, tarjetas de crédito, hipotecas y venta de valores. Se permitirá a las entidades financieras que ganen por sobre lo que ganaban hasta ahora. La suba de intereses haría caer la demanda de dinero y el Estado podría contar con dinero flotante para financiarse en pesos.
Aviso
No se pierda la semana que viene el próximo capítulo de esta saga, al estilo de la Heimsklingra, del popular escritor islandés Snorri Sturlusson. La Alucinación de Gylfi le sabrá a poco, se lo aseguro. Habrá información sobre el Capítulo 3 – Actos de Gobierno en 100 horas, 1.000 horas, 100 días. Demoledor.
