Esta semana, Noticias Urbanas entrega la segunda parte –y la más controversial- del tajante plan económico con el que Juntos por el Cambio intentará el industricidio, para el caso –nada imposible- de ganar la elección en 2023.
Tenían razón algunos voceros de Juntos por el Cambio, esta vez no van a ganar planteando “somos el cambio”, ni “lo que tenés no lo vas a perder”. Esta vez se proponen derribar definitivamente al sector industrial y convertir a la Argentina en un proveedor de servicios secundarios y de productos primarios. Esta vez es a suerte o verdad.
Los dos primeros capítulos (ver semanario Noticias Urbanas N° 159, del jueves 26 de mayo pasado), titulados Reducción de la Inflación (1°) y Ajuste Fiscal (2°), anticiparon al Capítulo que publicamos hoy, titulado “Actos de Gobierno en 100 horas, 1.000 horas, 100 días”.
Es imposible anticipar si será implementado, finalmente, para el caso de un triunfo liberal. Dependerá de la diferencia que lo separe del segundo en la elección y si el segundo es, finalmente, el Frente de Todos o La Libertad Avanza. En el primer caso, la implementación será más dificultosa. En cambio, si todos los votos mayoritarios son liberales –es decir, La Libertad Avanza sale segundo…o primero-, la suerte estará echada.
Lo primero que se anuncia en este tercer capítulo es cerrar la mina de carbón de Río Turbio, terminar con los remedios gratis de PAMI y de otras obras sociales estatales, cancelar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y reducir en un 15 por ciento el Producto Bruto Interno (PBI), sólo en el primer año.
Esto para empezar, porque hay más. Todas estas medidas tienen como objetivo reducir los gastos del Estado, aunque sea raro proponerse la caída del PBI. Los dólares que se van a ahorrar con estas y otras medidas harían caer la recaudación y es posible afirmar que la financiación externa no cubriría el déficit. Y ya está visto lo que ocurre cuando se van a buscar dólares al mercado externo. Aunque esto último también está previsto.
Para ajustar la inflación del 120 por ciento anual hasta el 20 por ciento en el primer año de gobierno se implementará un plan de “shock”, que atacaría simultáneamente la inflación, el déficit fiscal y la falta de dólares que aqueja al sistema. No habrá gradualismo o medidas reparatorias para las consecuencias del enorme ajuste que se asestará a los argentinos. Los economistas que redactaron el plan creen que sólo así se podrá terminar con la espiral inflacionaria, obviando las posibilidades de un estallido social, que sería casi inevitable ante este paquete tan agresivo de medidas.
El siguiente ítem es la aceleración de los 12 mil juicios comerciales que aún se encuentran en trámite. No casualmente mencionan a dos, en primer lugar: Correo Argentino y Vicentín. Habría novedades por allí, para el caso de ganar Juntos por el Cambio (o como se llame finalmente la coalición).
Otro punto que se menciona en el plan es completar los nombramientos pendientes en más de 500 juzgados en todo el país. Plantean que traerá aparejado la aceleración de los procesos judiciales y la disminución de juicios en los tribunales superiores, así como el incremento del trabajo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También se plantea la creación de un sistema impositivo provincial para recaudar impuestos, quitando la injerencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en las provincias. Esta salida del estado nacional y el traspaso de sus funciones a las provincias no garantiza una mayor recaudación, sino todo lo contrario. Habrá conflictos con el cobro y eso disminuirá la recaudación fiscal.
Se privatizarán, además, los entes regulatorios gubernamentales o los trasladarán a la actividad privada, bajo el control del ministerio correspondiente. El objetivo es, según se menciona, terminar con el empleo público de campaña, donde los partidos pagan favores con puestos que no tienen un alto impacto en la economía. Esto último es sólo una excusa, porque en realidad son las empresas prestatarias de servicios públicos son controladas por estos entes los que sueñan con que les quiten a éstos de encima.
Liberar el sistema privado de salud, tanto en precios como en el aspecto sindical del servicio. Esta medida traería aparejada la aparición de dos nuevos esquemas de comercialización. Uno, de alto costo y complejidad y el otro, más grande, que alcance a todos los bolsillos, de complejidad media. Así, las obras sociales deberían alinearse y hacer alianzas con otras obras sociales y empresas para no perder su lugar, ya que no recibirán aportes del Estado. Para todo lo demás quedaría el sistema gratuito de salud pública. Es innecesario explicar el colapso en el que caerían dos de los tres sistema: el servicio público y el sistema solidario (las obras sociales).
Se liberarían los precios de las telefónicas y de los servicios de Internet, para recibir inversiones directas. La desregulación del servicio y los precios permitirían, supuestamente, el ingreso de nuevas tecnologías, que sería la moneda de cambio que les otorgaría el Gobierno. Esta medida favorece claramente a los multimedios y va en detrimento del desarrollo de los medios comunitarios.
Se liberará el sistema de ingreso de capitales y de salida de los mismos (Fin del cepo). Los autores del plan proponen esta medida planteando que “se aprovechará la experiencia adquirida para evitar que los capitales lleguen para capturar las tasas altas en pesos, para luego reconvertirlas a dólares y sacarlos del país”. Por eso, agregan, “la deuda externa y el FMI dejaron una enseñanza en el ciudadano, que difícilmente aceptará la apertura de capitales para la bicicleta financiera”. De todos modos, ¿qué otra cosa que eso mismo que deniegan significaría esta decisión?
Se firmaría el acuerdo de libre comercio con USA. “Este acuerdo, esperado por USA, le garantiza proveerse de materias primas a muy bajo costo y aceptar recibir a cambio muy poco de los alimentos y materias primas elaboradas que puede exportar la Argentina”, justificaron los autores del plan.
Acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Estaría basado en software y tecnología, ya que hay conflictos con los ruralistas franceses, italianos y españoles, por el tema de los alimentos. Paradójicamente, en este rubro anotan la exportación de tecnología satelital, que sería desmantelada dentro de este mismo plan. Este rubro prevé el ofrecimiento de materias primas energéticas, como litio, gas, petróleo e hidrógeno verde.
Los dos ítems anteriores prefiguran el siguiente, que plantea el fin de los acuerdos económicos directos con China, que incluye las centrales, las obras sin ejecutar y los proyectos sin financiación aprobada. Pretende ser un golpe de gracia a la cooperación estratégica con el país asiático. El objetivo es el realineamiento con USA.
Otro punto polémico es el cierre de los programas de fabricación de satélites en Argentina. No habrá más financiamiento ni para la empresa mixta Investigaciones Aplicadas (INVAP), ni para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en temas relacionados con la industria satelital, tal como ocurrió durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se perdería así la exportación de satélites y se provocaría la fuga de cerebros.
Relanzamiento de la Ley de Conocimiento y libertad de cobro en otras monedas bajo declaración jurada simple. Se creará la figura de “monotributista especializado” y se armará una lista de desarrolladores y trabajadores argentinos de software para el exterior, que podrán cobrar en moneda extranjera.
Otra de las medidas controversiales y que traerán cola es la reforma de la administración pública nacional, horarios, suplementos, jubilaciones y superposición de cargos. Se plantea como una eliminación de “gastos superfluos” y como un “ajuste directo del gasto fiscal”. Se considera que la administración pública es un “refugio de partidos políticos y operadores”. La rebaja significaría el fin “para muchos empleos que sólo están allí en pago de favores políticos”. El financiamiento externo es mucho más caro y no será rebajado. Ajustar en el capital humano desarrollado en Argentina es siempre peligroso y se pierde más de lo que se gana.
Siguiendo con las medidas que despertarán asperezas, se eliminarán los subsidios al consumo. Un ejemplo es el Ahora 12, que desde allí en más deberá salir de las empresas que venden los productos financiados. “El Estado se retira como motor del consumo, en la idea de achicarlo y bajar el Producto Bruto Interno nacional”, plantearon los autores del relato.
También se producirá la eliminación de aranceles de importación para bienes y servicios no catalogados como estratégicos. Por ejemplo, habrá libre importación de textiles, alimentos, bebidas, perfumería, repuestos y calzados. Esta decisión es complementaria con la idea de bajar 20 puntos el volumen del mercado interno y con el combate a la inflación. Así, ingresarían a la Argentina mercaderías del extranjero a bajo costo, como en los tiempos de la “plata dulce”. Es una experiencia que ya vivieron los argentinos. Y no existieron beneficios de ella.
Cierre de 8.350 oficinas del Gobierno nacional en todo el país, que incluye al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Administración Nacional de Seguros de Salud (ANSeS) y los entes de control. Éste resultaría en un doble ajuste. El primero es la rebaja del gasto fiscal y el segundo es el recorte del poder sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de los sindicatos provinciales. Esto generaría alta desocupación y conflicto social, además de profundizar los enfrentamientos.
Una medida complementaria de la anterior sería la venta de 50.000 inmuebles del Estado Nacional y provinciales con subsidios estatales. Estos desprendimientos achicarán los gastos de mantenimiento de las oficinas y generarían excelentes negocios inmobiliarios. Podría ser el desencadenante de más conflictos sociales, además.
Hablando de medidas que generan enormes pérdidas al país, se permitirá a las empresas girar hasta 25 mil millones de dólares a cambio de inversiones en infraestructura y de la ampliación de sus plantas de producción. De esta manera, se daría cabida al stock de deuda de las empresas con sus casas matrices, lo que, junto con la devaluación, bajaría el stock de deuda en un 50 por ciento. ¿Carry on sin control?
El último punto, la frutilla del postre, será el fin de las retenciones. El planteo de los autores del programa es que “cuando ingresen los capitales del exterior, que financiarán al Estado, las retenciones podrían ir al cero por ciento”. El campo se quedaría con la renta que hoy va al Estado provincial. Se la piensa como el motor de nuevas inversiones y reequipamiento. Además, liberará mucho del crédito de los bancos Nación y Provincia y de la banca comercial privada, que volcarán los excedentes a otros sectores. La primera pregunta a hacerse es porqué los empresarios del sector agrario van a renunciar a los populares préstamos de los bancos estatales mencionados, que suelen ser los más ventajosos. La segunda pregunta es porqué los bancos comerciales privados renunciarán a realizar negocios con los impulsores de la actividad más rentable de la economía argentina.
Borges y los planes de ajuste
Según Jorge Luis Borges, la trágica historia de los pueblos nórdicos prefiguró las sagas islandesas, que anticiparon a su vez a la novela moderna. El propio Snorri Sturlusson, que escribió algunas de ellas –las mejores, probablemente- también fue víctima de su propio arte…y de la rosca política. En una oscura noche de Reykyavik, uno de sus enemigos decidió que el mundo debía prescindir del político, poeta y escritor y lo apuñaló por la espalda. No hay historia sin tragedia, pero no siempre ésta alcanza a su autor, al menos, físicamente.
Es preferible esperar que la tragedia eluda a esta sufriente Argentina, ya cruzada por los vientos del ajuste desde hace siete años. Profundizar en la restricción de gastos sin atender a la cuestión social es materia de eternas controversias, que jamás llevaron a resultados favorables a nuestro país.
