En el Boletín Oficial del martes 15 de diciembre se publicó el decreto 83/2015 firmado por el presidente Mauricio Macri, que designó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, hasta tanto fueran aprobados por el Senado. El nombramiento tuvo el objetivo de cubrir las vacantes de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt con el argumento de que “resulta imperioso proceder a la cobertura inmediata de las vacantes señaladas, a fin de garantizar el más adecuado funcionamiento de la máxima instancia judicial del país”. Enseguida se armó la polémica por el decretazo y el juez que milita en Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, magistrado federal de Dolores, hizo lugar a una medida cautelar interina para suspender los nombramientos “en comisión” de Rosenkrantz y Rosatti, pidiendo que el máximo tribunal se abstuviera de tomarles juramento. Ahora bien, ¿quién fue el mentor de semejante iniciativa? El abogado Fabián Rodríguez Simón, quien también fue impulsor de la fuerza parapolicial que Macri puso en juego en sus primeros años de gestión en la Ciudad, conocida como UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), fuente de terror de los sin techo.
Rodríguez Simón, quien en cualquier sitio de búsqueda de libros aparece como especialista en litigios de alta complejidad y autor de La crisis bancaria y la operatoria off shore (Buenos Aires, 1996) y de Maestros impertinentes (Madrid, 2005), defiende el decreto en cuestión y redobla la apuesta: dice que hace dos años acercó a Macri ese atajo, el de “los jueces en comisión” en el máximo tribunal, porque temía que lo usara la entonces presidenta, Cristina Fernández, como artilugio de una reelección indefinida.
Fabián Rodríguez Simón, diputado en el Parlasur por Cambiemos y operador macrista, niega a los cuatro vientos ser el “monje negro” del círculo íntimo del exjefe de Gobierno. Afirma, toda vez que se le pregunta, ser solamente “un abogado y nada más”. Y deja lugar para la queja: cree que hay muchos periodistas que “refritan cosas sin chequear” y contribuyen, así, a la generación de un mito negativo, que espera que sea desmentido con el correr del tiempo.
“No fui yo el ideólogo. El ideólogo fue (el jurista americano Thomas) Jefferson y después lo tomó (el autor de la Constitución, Juan Bautista) Alberdi”, dijo, hace poco, en entrevistas radiales sobre el recurso de los jueces en comisión. “Le acerqué el ‘paper’ a Mauricio Macri hace dos años, cuando tenía mucho temor de que Cristina Elizabet Fernández propusiera cambiar la Corte Suprema, y tenía el número suficiente en la Cámara de Diputados para lograrlo”, explicó. “Tenía pánico de que ampliaran la Corte Suprema a nueve y, en el receso, nombrar a jueces en comisión, porque entonces hubiéramos tenido Cristina Fernández hasta 2050. Pasado el temor, apareció una oportunidad y yo avisé que esto se podía hacer desde lo legal”, confirmó quien entre los amigos es llamado Pepín.
A mediados de año, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue sobreseído en la causa en la que estaba acusado por la creación de la ex Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP). En la misma resolución, firmada por el juez de Instrucción Penal Facundo Cubas, fue sobreseído el exministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo. Sin embargo, fueron procesados varios miembros del antiguo organismo. Y uno de ellos fue Fabián Rodríguez Simón, exjefe de gabinete de Piccardo y coordinador de la UCEP, quien ocupó el segundo lugar, tras Mariana Zuvic, en la lista de Cambiemos al Parlasur. El abogado tuvo que salir a sostener, rápido de reflejos, que no buscaba la protección de los fueros que podría obtener de resultar electo para integrar ese organismo regional.
Macri estaba acusado por 17 casos de violencia en los operativos de desalojo de lugares públicos –plazas, calles, bajos de autopista– de personas en situación de calle que pernoctaban y vivían allí. En esos procedimientos, de los que participaba la Policía Federal y que siempre tenían lugar de madrugada, los funcionarios macristas iban acompañados por un camión compactador donde arrojaban las pertenencias y hasta los documentos de los indigentes. Cubas, además, procesó a los integrantes de la ex-UCEP por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, y a otros también por “lesiones leves”, y los embargó por 100 mil pesos.
“Ayer, inventando hechos y sin ningún fundamento, el juez Facundo Cubas, vinculado a los servicios, me procesó. Más que nunca ‘chaufueros’. No confío en la justicia K, pero lo que me hicieron a mí, también te lo harían a vos. Y si vos no tenés fueros, yo tampoco”, señalaba en Twitter, con enojo, por esos días, Rodríguez Simón. También expresaba: “No voy al Parlasur para protegerme del juez Cubas ni de la mafia judicial de la SIDE ni de barrabravas. Voy a cambiar eso”.
Operador, sobre todo, en la Justicia porteña, Pepín Rodríguez Simón fue abogado del Grupo Clarín, al que defendió durante la pelea por la Ley de Medios con el gobierno kirchnerista, y se desempeñó como consultor de varias entidades financieras públicas y privadas. En 2009, la Cámara Federal le ratificó un procesamiento por hallarlo “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta” por el derrumbe del banco Medefin”, otra de las causas, a la par de la cimentada sobre el caso UCEP, que hizo que se ganara varias líneas en los principales diarios. En esa causa, aún pendiente de juicio oral, quedó involucrado por asesorar a Paul Clarke y el suizo Socimer International Bank Limited, controlante de Medefin.
Fue el lobbista que intermedió en 1995 entre el Banco Central y Medefin, que operaba en el país con 100 millones de dólares de 10 mil jubilados españoles. Su fin era la aprobación de la refinanciación irregular de una deuda por 58 millones pesos-dólar y un crédito de más de 8,6 millones pesos-dólar que fue garantizado con inmuebles que ya habían sido constituidos como garantía de otra deuda. El directorio del BCRA no tenía facultades para adoptar esa medida, pero lo hizo igual. El fiscal de la causa era el actual embajador de la Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro.
La figura de Rodríguez Simón tuvo, además, sus cinco minutos negros de fama en 2007, al llegar a la cartera porteña de Espacio Público y destacarse, ni más ni menos, por ser el creador y administrador de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuya misión era mantener “libre de usurpadores el espacio público” mediante la intimidación, entendida como uso –ilegítimo– de la fuerza.
