Las apuestas no pueden ser más altas en la mesa de casino que instalaron Mauricio Macri y su financista Luis Caputo en el Banco Central. La situación económica se sigue deteriorando semana tras semana, a pesar de la artillería de medidas que viene disparando, con más entusiasmo que criterio, el equipo económico, desde abril de este año, cuando las variables comenzaron a escapar de control. En estos días, las reservas volvieron al nivel que tenían cuando se decidió apelar a un acuerdo con el FMI, por debajo de los 50 mil millones de dólares, y el peso perdió más de la mitad de su valor desde entonces, pero las variables macroeconómicas no se acomodaron como esperaban en la Casa Rosada. Al contrario, la situación parece ser todavía más endeble: ese acuerdo ya está caído y todas las esperanzas están puestas en que el prestamista de última instancia decida dar una segunda oportunidad.
El proyecto de Presupuesto para 2019 intenta seducir a los burócratas del Fondo para que habiliten un nuevo préstamo, de superior cuantía y en condiciones más laxas: déficit primario cero, pago récord de intereses a acreedores. Un tiro en la cabeza de la malherida economía real, sacrificada ante el altar del dios de los mercados a la espera de un milagro. Nada garantiza el resultado: las divinidades, se sabe, son impredecibles y caprichosas.
“Invotable” es la palabra que más se escuchó en los pasillos del Congreso luego de que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, presentara sus números para el año que viene. Había, en la previa, un acuerdo entre los principales bloques opositores para no obstaculizar el tratamiento del proyecto, como compromiso con la gobernabilidad y para evitar que el oficialismo se victimizara ante los medios. Sin embargo, después de conocer el texto, el FPV/PJ, el Peronismo Federal y los renovadores pusieron en pausa esa determinación.
No solamente por el “dólar DeLorean”, que aparentemente estará más barato a fines de 2019 que hoy mismo. Lo que más preocupa, en todo el arco opositor, es la modificación del artículo 65 de la ley. Si bien la Constitución Nacional le da al Poder Legislativo la potestad de “arreglar el pago de deuda”, el presupuesto permitía a través de esa cláusula que el Ejecutivo renegociara el pago de la deuda, siempre y cuando “eso implique una mejora de montos, plazos y/o intereses” respecto de las operaciones originales. Ahora, el oficialismo busca eliminar tales restricciones y reemplazarlas por “las condiciones imperantes en el mercado”, dejando carta blanca para que el Ejecutivo tome para sí esa facultad, sin control parlamentario. Hay consenso en todo el peronismo en la necesidad de modificar ese punto. Pero además hay una preocupación que excede el trámite parlamentario.
Sucede que con esta nueva versión del artículo 65 es la primera vez que el Gobierno reconoce oficialmente el riesgo de un nuevo default, advertido desde hace meses por economistas y dirigentes de la oposición. En lo que va del año, las chances de un episodio de cese de pagos, medido por las aseguradoras que trabajan esas variables, se multiplicaron por cinco en el corto plazo y alcanzan el 33 por ciento en los seguros a cinco años. El problema es que más allá de que se alcance el déficit cero en la cuenta primaria, la balanza externa, el pago de intereses y la fuga de capitales (tres variables que se encuentran hoy en día en valores cercanos a la plusmarca) siguen drenando de dólares a una economía que no logra generar divisas genuinas y ya no atrae a los especuladores financieros, ni siquiera con tasas de referencia que triplican las de Venezuela o las de países del centro de África. La intención de volver a planchar el valor de la divisa durante un año electoral solo sirve para fogonear la demanda y agrandar la burbuja. La alternativa no es mucho más alentadora: las devaluaciones fuera de control y sin ancla para el valor de los precios y servicios solamente sirven para seguir aumentando la inflación, que este año terminará por encima de los valores de 2002, cerca del 50 por ciento, la barrera a partir de la cual el riesgo de espiralización se vuelve inmediato.
En un estrecho despeñadero entre el default y la híper, Macri planea su campaña y calcula las chances de alcanzar un segundo período. Las apuestas, dijimos, son altas. La causa de las fotocopias de los cuadernos llevó el lawfare a niveles que nunca se habían visto en este país desde 1983. El problema es que la investigación por corrupción en la obra pública lo toca muy de cerca, y nadie, ni siquiera el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, puede garantizarle que las esquirlas no vayan a rozarlo, o incluso a darle de lleno. Por eso la reelección no se negocia. A trabajar ese metier puso a su mejor hombre, Marcos Peña, que aprovechó la encomienda para delegar otras tareas que hasta ahora caían bajo su órbita pero no se le daban tan bien, como gobernar.
El trabajo del jefe de Gabinete, en conjunto con el asesor estrella Jaime Durán Barba, tiene dos objetivos en paralelo: por un lado garantizar la integridad de Cambiemos, hoy bajo amenaza de secesiones por derecha e izquierda; por otro, promover la división opositora, tarea que resulta más ardua de lo que habían anticipado los consultores políticos del Gobierno hasta hace no tanto. También tendrá un rol clave en ese armado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de cuya lapicera dependerá el reparto a provincias y municipios del nuevo Fondo Sojero, que a diferencia del anterior, se repartirá de forma discrecional y no mediante porcentajes previamente acordados.
Con este escenario, la aprobación del nuevo presupuesto es, todavía, una incógnita. No habrá un tratamiento acelerado, como quería el oficialismo. Desde la oposición advirtieron que convocarán a audiencias públicas con dirigentes sindicales, empresarios, intendentes y gobernadores. También aseguraron que no darán el visto bueno a libro cerrado y tratarán de imponer cambios en el paso por comisión. Si, y solo si, estos cambios pasan, habría acuerdo para dar cuórum y abstenerse cuando se vota, de forma tal de no obstaculizar su tránsito por el parlamento. De todas formas, la ley difícilmente se apruebe antes de la Cumbre del G20, a fines de noviembre, cuando los principales mandatarios del mundo se den cita aquí.
En el equipo económico del Gobierno temen que el FMI no firme el nuevo acuerdo sin saber si la oposición da el visto bueno al programa de ajuste; también temen que para diciembre, una vez que hayan quedado atrás las elecciones en Brasil y el encuentro de presidentes en Buenos Aires, el ímpetu de “el mundo” para ayudar al Gobierno argentino se morigere. Sin apoyo financiero del exterior, no hay plan C, ni D, ni Z: ninguna hipótesis resulta exagerada en ese escenario. Macri apuesta a un shock que permita un rebote importante a partir de agosto del año que viene; otra vez, el segundo semestre. Así las cosas, nadie puede asegurar cómo estará el Gobierno para cosechar lo que ha sembrado.
