El Procurador General interino, Eduardo Casal, reclamó a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo que absolvió al exvicepresidente Amado Boudou por intentar regularizar un auto Honda convertible rojo con papeles truchos y ordenó que se dicte un nuevo fallo. Se trata del caso en el que Boudou fue acusado de la falsificación de tres formularios para transferir en 2003 un auto de manera irregular a su nombre.
En el caso del auto Honda, el procurador Casal señaló en su dictamen que la absolución que dictó Casación tiene “graves defectos de fundamentación” y que los jueces hicieron “un examen superficial del fallo del tribunal oral y de una valoración parcial y aislada de las constancias de la causa”.
Si la Corte está de acuerdo con Casal, la Casación debería readecuar su absolución a este dictamen.
En este dictamen, que no es vinculante para la Corte, ahora el Procurador criticó con firmeza el fallo que absolvió a Boudou en la causa de los papeles del auto y propuso que sea revocado. Dijo: “Entiendo que la sentencia no cuenta con sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, y merece ser descalificada en los términos de la doctrina de la arbitrariedad”.
Casal hizo un análisis de la condena contra Boudou y rebatió cada argumento de la Casación para desarmar la acusación. Fue minucioso en interpretar el significado de cada testimonio y se adentró en el análisis de las pruebas del juicio para refutar los argumentos de los jueces que habían absuelto al exvicepresidente.
Dijo que la opinión de Mahiques y Ledesma “fue resultado de un examen superficial del fallo del tribunal oral y de una valoración parcial y aislada de las constancias de la causa” y que, por eso, lo resuelto por ellos incumple “la elemental condición de validez”. Señaló además que los defectos de fundamentación de la sentencia ocasionan un gravamen a la acusación.
Si la Corte hace lugar al pedido, Boudou queda expuesto a que se reedite la condena de 3 años de prisión que le fue impuesta en un juicio oral el 29 de agosto de 2019 y que luego fue revocada, el 2 de mayo de 2022, por la Sala IV de la Cámara de Casación con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Angela Ledesma, y la disidencia del magistrado Javier Carbajo.
La causa
El exvicepresidente fue acusado de haber acordado con un gestor -Andrés Soto- poner datos falsos en los formularios 04, 08 y 12, y en una fotocopia del Documento Nacional de Identidad del exvicepresidente para presentar en un registro del automotor y lograr la transferencia a su nombre, el título de propiedad y la cédula de identificación de un auto Honda modelo 1992.
Allí se pretendió inscribir -de manera irregular- la transferencia del dominio del Honda CRX, rojo convertible, patente B2423822, para obtener el título de propiedad y la cédula de identificación del vehículo.
Para la justicia, la titular del registro María Graciela Taboada de Piñero estaba en connivencia con la maniobra y avaló la transferencia que se concretó en enero de 2003. Entonces, Boudou era gerente de la ANSES que estaba a cargo de Sergio Massa, hoy ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo.
El procurador dijo que la conexión entre Soto, el gestor y Boudou fue probada por los dichos de la exnovia de Boudou Agustina Seguin, “los cuales no fueron analizados” por la Casación, afirmó Casal. Además dijo que el tribunal oral también consideró corroborada la comunicación entre Soto y Boudou con la concurrencia del gestor a la escribanía de Alberto González Venzano con el objeto de firmar el formulario 04.
“Boudou, sabiendo que no contaba con la documentación necesaria para concretar el trámite de forma regular, convino con Soto las falsedades que éste se ocupó de anotar en los instrumentos correspondientes para cambiar la radicación del vehículo y canalizarla hacia el registro seccional a cargo de Taboada de Piñero quien, una vez a cargo del legajo y también en acuerdo con Soto, convalidó dichas irregularidades, omitió las comprobaciones que correspondían en el caso, inscribió la transferencia del dominio del automóvil y expidió el título y la cédula verde a nombre de Amado Boudou”, analizó Casal.
En su dictamen de 23 páginas, Casal repasó el caso y pidió que se revoque la absolución de Boudou. “Entiendo que fue razonable la conclusión del tribunal oral en el sentido de que aquél no pretendió regularizar la situación registral del rodado, y que la maniobra planificada se tradujo efectivamente en el resultado que buscaba y que no era otro que lograr la inscripción irregular como titular del vehículo, y obtener la documentación que le permitiera identificarse como tal y la matrícula acorde con las disposiciones del régimen que estaba en vigencia”, concluyó.
Junto con Boudou también fueron condenados a tres años María Graciela Taboada de Piñero, titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y Alberto Soto, el gestor. Todos fueron acusados del delito de falsedad ideológica de documento público, que tiene una pena máxima de seis años. La expareja de Boudou fue absuelta.
Pero esas condenas cayeron con el fallo de la Casación que ahora Casal pide que la Corte revise.