El Gobierno insiste en atomizar con su discurso las malas noticias. Especialmente aquellas que tienen como destinatarios principales a los trabajadores estatales. Hablan de modernizar el empleo público, de “gradualismo” y de hacer un “uso razonable de los recursos”. Sin embargo, cuando el conflicto les estalla en la cara, el discurso es siempre el mismo: la culpa es del kirchnerismo, de la izquierda o de los gremios, pero nunca es de ellos, a los que siempre les ponen palos en la rueda. Incluso hasta pierden la dialéctica amable y electoralista, una marca registrada de Cambiemos y del consultor presidencial Jaime Durán Barba, el ecuatoriano que gana elecciones y escribe libros sobre cómo utilizar el ataque para triunfar en una campaña.
Con el foco puesto en los medios públicos, cerca de Mauricio Macri aseguran que para hacer “un proyecto sustentable hay que empezar a meter mano” porque los medios públicos “están superpoblados”. Las amenazas de despidos masivos empiezan a sobrevolar los pasillos de Radio Nacional, TV Pública y Télam, a cargo de Hernán Lombardi.
En estos dos años de gestión de Cambiemos, el sector privado ya se devoró la fuente de trabajo de tres mil trabajadores de prensa. Ahora son los empleados de los medios públicos los que denuncian un “drástico programa de ajuste y despidos que se proyecta en los medios bajo la gestión estatal”.
Primero fueron contra la Televisión Digital Abierta (TDA), que tiene bajo su órbita a Pakapaka, Encuentro y DeporTV, que están al borde del cierre definitivo por los despidos encubiertos bajo la decisión de no renovar contratos y un plan de retiros voluntarios que ya empieza a circular también en otros medios públicos y que le pondría punto final y definitivo a esas señales educativas, creadas a partir de una ley nacional.
Según aseguran en Casa Rosada, la estrategia sería la misma para el resto de los medios públicos, aunque para TV Pública, Radio Nacional y Télam hablan de lograr un “proyecto sustentable” y que para conseguirlo debe afrontarse la “superpoblación” de trabajadores, contratados bajo distintas modalidades.
Durante el último día laboral de 2017, los trabajadores de Radio Nacional se enteraron que 16 de ellos no iban a poder continuar con su trabajo, porque el directorio había resuelto que no se renovaría contratos, sin precisar nombres y manteniendo en vilo a todo el conjunto de los trabajadores que pasaron el fin de año con la angustia y la incertidumbre de no saber si conservarían su fuente de trabajo.
El cinismo de sus autoridades tuvo un capítulo aparte cuando el vicedirector de la emisora, Pablo Ciarliero, salió a desmentir su “vaciamiento” y acusó a los trabajadores de generar “terrorismo”, lo que le costó que fuera declarado “persona no grata” durante la misma asamblea en la que el funcionario se apersonó filmando a los presentes en un claro acto intimidatorio.
“Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y las comisiones internas de los tres medios rechazamos de plano las políticas de vaciamiento y ajuste de los medios públicos, que revelan la falsedad de los enunciados que repiten los funcionarios: mientras proclaman inaugurar un tiempo de libertades y pluralidad de contenidos se ocupan de expulsar a los periodistas que deben garantizarlas”, apuntaron.
Los trabajadores de los medios públicos encabezaron un cese de tareas conjunto y solidario a la espera de “un diálogo sincero” con las autoridades de la emisora y llevando a cabo una asamblea conjunta ante el temor generalizado. “Todos tenemos el mismo empleador y somos parte del mismo plan de reducción”, señalan sus delegados.
El “empleador” es el Estado, y su “mano ejecutora”, Lombardi, que tiene bajo su órbita la dirección de los medios públicos, a los que el Gobierno quiere podar porque asegura que están “superpoblados”, como lo definió, en diálogo con NU, un funcionario que estuvo a punto de absorber, en los primeros días de Macri como presidente, la estructura de medios públicos que finalmente quedaron para el exradical Lombardi.
“Los medios públicos están superpoblados. ¿Cuáles son las razones de las cesantías de los contratos? En algún momento hay que cortar un contrato, porque si los pasás a planta permanente no los cortás más. Todo es un engendro que jode al laburante, que está siempre precarizado, pero también a la empresa que no puede hacer una cuestión meritoria por concursos”, sostuvo esa persona.
La realidad demuestra que es mentira que Lombardi se oponía al plan de ajuste propuesto por el presidente Mauricio Macri y que tampoco sería recompensado por eso con la Embajada en Francia, como señalaban algunos medios. En el Gobierno desmienten el ofrecimiento y la realidad demuestra que al exfuncionario de la Alianza no le tiembla el pulso a la hora del recorte.
Desde Noticias Urbanas, este periodista intentó contactar reiteradamente a Lombardi y a sus voceros, pero todavía sigue esperando respuestas pese a que haya acciones que hablan por sí solas, como una que recuerdan en Télam para ilustrar que el plan estuvo escrito desde un principio: la decisión de nombrar a Ricardo Pousá como director, el mismo cargo que ejerciera durante el gobierno de Fernando de la Rúa, del que Lombardi formó parte cuando quisieron cerrar la agencia estatal para constituir un multimedios público, flexibilizando convenios de trabajo y dejando a miles de personas en la calle.
Para esta temporada, las autoridades de Télam delegaron en una consultora privada el diseño de un plan de acción: además de ejecutar las jubilaciones pendientes, intentarán jubilar anticipadamente a quienes todavía adeuden cinco años para cumplir la edad necesaria, además de ofrecer retiros voluntarios.
“El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos tiene rango de ministro y participa en las reuniones de seguimiento”, aseguran, para dejar bien en claro que cualquier decisión que se tome ese sentido lleva el consentimiento del propio Macri y la marca distintiva de Marcos Peña y Mario Quintana, impulsores del recorte del 20 por ciento de los cargos políticos en el Estado y de las “buenas noticias”.