Podría resumirse en un semáforo o en un loteo de ganadores, perdedores y aquellos que no son ni una cosa ni la otra. De todos modos, por la superposición de los cambios y su impacto por ahora solo teórico, recién en el tiempo podrá dilucidarse la fórmula completa. El “reformismo permanente” que anunció Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner hace ya casi un mes, el eslogan más digerible que encontró el Gobierno para avanzar con un ajuste, es, básicamente, un nuevo reparto de recursos entre diferentes actores. Y, como tal, habrá fortalecidos, ilesos y heridos.
Verde: Macri, Vidal y las empresas
En este rubro, que también podría catalogarse de “ganadores”, se puede hacer una subdivisión, entre la política y la economía. Al presidente habría que ubicarlo en ambos, sobre todo el primero. Macri leyó rápido el resultado de las últimas legislativas, donde fue tan importante el crecimiento de Cambiemos como la desintegración opositora, y avanzó a paso redoblado.
Los festejos por la victoria del domingo 22 de octubre se cortaron al otro día. Al lunes siguiente vino el anuncio macro de las reformas en el CCK. Dos semanas después, el presidente ya estaba firmando con los gobernadores el Pacto Fiscal. Solo se le escapó el puntano Alberto Rodríguez Saá. El resto estampó su caligrafía y varios lo elogiaron en público. También cosechó mimos previsibles de cámaras empresarios y otros actores. En paralelo, el propio Macri empezó a hablar de un período de gobierno de seis años. ¿Piensa reformar la Constitución? No, pero da por descontado que irá y ganará la reelección en 2019.
Un plan similar tiene María Eugenia Vidal. Pero en el caso de la gobernadora, el plus político tiene sin dudas un tremendo anabólico económico. Es la “gran ganadora” del acuerdo: 40.000 millones de pesos extra para 2018 y 65.000 millones para 2019. Su aura por ahora inoxidable como líder bonaerense estará barnizada con plata. Los peronistas marcaron un nuevo círculo en el calendario provincial: 2023. Hasta entonces, entienden que será imposible vencer a la figura política más exitosa de los últimos años.
En el tercer grupo de ganadores habrá que anotar a los empresarios, salvo los de algunos sectores particulares. Acaso se explique gran parte de los aplausos que se apuraron en hacer sonar apenas se conocieron los anuncios. Macri impulsa una rebaja impositiva con rebajas generales en ingresos brutos, la posibilidad de recobrar millones a través de Ganancias y un generoso blanqueo laboral libre de multas. También, si se aprueban los proyectos, se alivianará la carga patronal hasta cierto nivel de sueldos.
La contrapartida de los empresarios antes esas ventajas quedan en el ítem “ojalá que ocurra”. En el Gobierno aseguran que esos cambios son necesarios para generar empleo genuino. ¿Lo crearán o aprovecharán -otra vez- para maximizar rentabilidad? Hubo un caso emblemático: cuando se anunció que los autos más caros dejarían de tributar un impuesto del 10 por ciento, en una empresa ya avisaron que la rebaja a la gente sería del 7 por ciento por un tema de mercado (¿?), para que no se pisen los precios de los autos medianos con los grandes. De paso, claro, se quedaban con un pedazo del descuento.
Respecto a los rubros “perdedores”, ahí las empresas sí fueron más concretas: no solo avisaron que encarecerán los precios todo lo que haga falta, sino que amenazaron con despidos masivos y con frenar inversiones. Un país con buena gente.
Amarillo: gobernadores y sindicalistas tradicionales
Fueron los dos grupos con los que el Gobierno se preocupó para consensuar los cambios. Si la primera etapa de la gestión macrista estuvo marcada por la alianza legislativa con el massismo, la segunda tendrá al peronismo más tradicional en el centro de la escena. Curioso: cuando la estructura del PJ, a nivel nacional y provincial, no es más que una cáscara, los gobernadores peronistas y los sindicalistas tradicionales del mismo palo son los invitados de lujo a la mesa de Macri.
Con los primeros acordó el Pacto Fiscal y un apoyo –no escrito– de sus diputados y senadores para aprobar las iniciativas en el Congreso. Con los sindicalistas selló un aval, algo menos explícito, al menos públicamente, a la reforma laboral. Caminos que se cruzan: el jefe de los peronistas dialoguistas en el Senado, Miguel Pichetto, avisó que no apoyaría los cambios laborales sin un guiño de la CGT oficial.
Como suele hacer, el Gobierno nacional arrancó con demandas de máxima para luego pararse un poco más en el medio. Por eso puede concluirse, de algún modo, que los gobernadores y los sindicalistas terminaron empatando. Políticamente los puso otra vez en el centro del ring, inferiores a la Nación pero en el escenario principal; y económicamente mantuvieron ciertos privilegios y el ajuste que les pidió Macri fue menor al esperado originalmente.
Negociadores. El triunvirato de la CGT.
Los mandatarios tendrán que hacer una rebaja gradual de Ingresos Burtos, su impuesto de cabecera; consiguieron un bono para sus demandas judiciales por deudas millonarias de Nación –a cambio, deben bajar los juicios–; y también les prometieron un envío de fondos más aceitado desde la Rosada.
Los popes sindicales mantuvieron intacta la Ley de Contrato de Trabajo (que pone en lugar privilegiado al empleado respecto del empleador) y también recibirán más fluidamente las deudas por las obras sociales. Y una parte del ajuste, incluso, no les cae tan mal: la anunciada limpieza en sindicatos más chicos, afectaría sobre todo a grupos kirchneristas y de izquierda y reforzaría el poder tradicional de los históricos peronistas. En ese rubro, ningún cambiemos.
Rojo: jubilados y beneficiarios de AUH
El propio Gobierno dejó trascender la cuenta. Si en vez de mantener la fórmula actual de movilidad para jubilados y beneficiarios de AUH se pasaba a un ajuste por inflación, habría un ahorro para el Estado de 100.000 millones de pesos. Algunos hablan de un recorte algo menor, de 60.000 a 80.000 millones. Como sea, de ahí salen, por caso, los 40.000 millones para la provincia de Buenos Aires.
El análisis, está claro, tiene sus pliegues. El oficialismo podrá argumentar, con datos reales, básicamente dos cosas: si se mantiene el actual déficit, sostenido con endeudamiento externo, el sistema previsional y de asistencia social explotará más temprano que tarde y la discusión ya no será sobre si mantener o no el poder adquisitivo sino sobre puntos mucho más graves como en la crisis de 2001. Y en cuanto a la plata para la Provincia, había una clara e histórica descompensación y, en cualquier caso, se está inyectando plata que debería volver en obras y ayuda social en el principal distrito del país.
La reforma de Macri. Tapa de la edición Nº 630 de Noticias Urbanas.
El tema de los jubilados es complejo. El Gobierno anunció una actualización por inflación, para garantizar que los jubilados (y beneficiarios de la AUH) no pierdan contra los precios. Pero perderán respecto a la movilidad anterior, que garantizaba en años de crecimiento una mejora superior a la inflación. El 2018 se prefilaba así. Es decir, los jubilados iban a ganarle al Indec y ahora el Gobierno les propone un empate.
Para apaciguar el golpe, se anunció un plus sobre la inflación, pero de tan bajo (en haberes de 10.000 pesos serían 20 pesos más por mes) casi que da vergüenza llamarlo plus.
¿Qué dicen en el oficialismo? Que el sistema previsional actual es insostenible, básicamente por los cerca de 3 millones de jubilaciones por moratoria que amplió el kirchnerismo. En muchos casos, para gente que no había trabajado en su vida. Así, el sistema pasó a ser deficitario. También, por los regímenes especiales que permiten haberes más altos o jubilarse antes. El oficialismo anunció que apuntará a sacar fondos también allí y, como gesto, cortar con esos privilegios. Más fácil de anunciar que de concretar. Y, en todo caso, será hacia delante: para quienes ya lo cobran es un derecho adquirido.