Los negocios que se llevaron a cabo durante la anterior gestión en materia de gas están siendo revisados por la Justicia por presuntas irregularidades por parte del Ejecutivo. De hecho, hasta el exministro de Energía, Juan José Aranguren, fue imputado por dolarizar las tarifas de gas y con esto beneficiar económicamente a empresas, en perjuicio del Estado.
En esta sintonía, este jueves el Senado de la Nación dejaría sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053 firmado en 2018 por Mauricio Macri para compensar a las distribuidoras de gas por la presunta pérdida de casi 400 millones de dólares causada por la fuerte devaluación de ese año.
A fines de 2017 el entonces ministro Aranguren convocó a productores, distribuidoras y transportistas de gas para establecer nuevas bases y condiciones para la comercialización del gas, instancia en la que se fijaron precios para cada una las cuencas y volúmenes específicos por dos años, con la novedad absoluta de que los contratos se firmaron con un tipo de cambio variable en dólares.
Menos de un año después la fuerte devaluación del peso llevó a que las deudas de las distribuidoras con las productoras de gas se disparara, ya que mientras las primeras cobraban sus facturas en pesos debían abonar su principal insumo en dólares. Entonces el sucesor de Aranguren, Javier Iguacel, aprobó un sistema de 24 cuotas para que esa deuda millonaria fuera incluida en las facturas y absorbida por los usuarios, resolución que generó un repudio generalizado hasta ser derogada.
Ante esta situación, Macri firmó el DNU 1053, que en su artículo 6 fijaba un mecanismo para que sea el Estado el que asuma esa deuda entre privados, estableciendo una compensación de 393 millones de dólares en 30 cuotas mensuales. La primera cuota, por 818 millones de pesos, se pagó en diciembre de 2019 y quedan pendientes otras 29, por un total de $23.654 millones, sin contar intereses, que ahora se desconocerían con la anulación del decreto.
