El oficialismo en el Senado de la Nación se prepara para sesionar el próximo jueves con una agenda marcada por los pedidos de la Casa Rosada y la estrategia del kirchnerismo. La intención del interbloque del Frente de Todos es tratar, por lo menos, tres proyectos en particular.
El primero de ellos tiene que ver con darle sanción definitiva a la prórroga por cinco años a un paquete de impuestos. Específicamente, la prórroga incluye Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.
Desde el Ministerio de Economía vienen impulsando esto ya que necesitan tener una sanción definitiva antes del tratamiento de la ley de Presupuesto 2023, algo que el oficialismo tiene programado que suceda durante la última semana de octubre, ya que representan el 32% de la recaudación.
En Diputados la prórroga fue aprobada con 129 votos afirmativos, 100 negativos y 18 abstenciones. Si bien el oficialismo logró la media sanción con el número mínimo, la votación por separado permitió que las asignaciones especiales sean aprobadas con 242 votos positivos. Este artículo requería una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo.
El otro punto a tratar que quiere llevar el kirchnerismo al recinto tiene que ver con la modificación de ley de consultas populares.
En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo dictaminó dos proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular -cuya autoría son de Oscar Parrilli y de Juliana Di Tullio- y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.
El senador propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.
Por su parte, Di Tullio propone derogar el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.
Por último, el oficialismo también quiere llevar al recinto la prórroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades culturales que llevan adelante la industria audiovisual, teatral, musical y las bibliotecas populares. Estas asignaciones específicas, que garantizan la continuidad de los recursos que se distribuyen de manera federal y equitativa en todo el territorio nacional, dejarán de ser percibidos por los organismos el 31 de diciembre del 2022 (Ley 27.432 de 2017) si la prórroga no es votada en el Senado.
